La Comisión de Legislación será finalmente la encargada a través de sus integrantes abogados de hacer el seguimiento de las causas que se generaron en la justicia a consecuencia de la interpelación realizada a Carlos Selva, intendente municipal de Mercedes. Hay varias que tienen visos de prosperar y según el concejal Juan Manuel Torres, de la UCR, probada está la responsabilidad para que finalmente se logre que se expida un dictamen, sobre todo las vinculadas con el medio ambiente. Tanto por la contaminación de industrias como por la del propio estado a través de los residuos cloacales.

A Torres la demora en el avance de las causas lo preocupa y es un tema que viene siguiendo desde hace un tiempo: “Nosotros tomamos la decisión después de la interpelación de hacer denuncias en la justicia penal a partir de una serie de situaciones que generan dudas en cuanto a la responsabilidad de tipo penal que puedan surgir de esas constancias”, recordó Torres.

“No podemos dejar libradas a su suerte esas presentaciones”, opinó, y explicó que lo que se debe es hacer un seguimiento para que las causas avancen, concluyan y ver qué determina la justicia. “No debemos dejar que las causas se prescriban o archiven, como sucedió con el caso del alumbrado público en la zona rural”, planteó el edil de la UCR.

Por todo esto es que Torres presentó un proyecto pidiendo que se hiciera un seguimiento con un pedido de informes mensual de parte del presidente del Cuerpo a la Fiscalía. Eso tuvo sus idas y vueltas. Pasó a comisión, y esta semana a ese planteo inicial se le agregó la posibilidad de destacar algún abogado costeado por el HCD para que les informe periódicamente el estado de las causas, para saber si avanzaban los procesos o no. “Hubo una serie de opiniones divergentes, pero es una cuestión de suficiente interés público para que se tenga control y la justicia actúe como corresponde. Concluimos en definitiva que en lugar de designar a un tercer abogado para el seguimiento, este se hará a través de la Comisión de Legislación, por lo que se redactó un despacho común donde aparte del requerimiento a la Fiscalía se establece que se afecta a la tarea de la Comisión de Legislación el seguimiento permanente de las causas y a partir de ahí que se informe al Cuerpo el desarrollo de las mismas”, comentó Torres.

Desechos y contaminación
Una causa que a Torres le interesa particularmente es la denuncia penal por supuestos desechos industriales. “El tema formó parte de la interpelación, por el canal de la 16, con Magromer y el Frigorífico El Mercedino. Las causas tienen un cierto desarrollo, en los expedientes hay informes técnicos que marcan claramente la existencia de cromo por ejemplo, en términos significativos, y empiezan a aparecer elementos que los expertos califican de riesgo para la población”, dijo Torres al respecto.

“Tenemos que terminar con esta falta de políticas con el criterio de dejar hacer. Aquí hay varios expertos que se han expedido, hay vecinos que tienen problemas físicos,” amplió sobre las cuestiones medioambientales. “No quiero aventurar juicios”, dijo. Aunque enfatizó que la clave pasa por la falta de controles adecuados y el no uso del poder de policía de parte de la Comuna.

“Yo incluso reiteré el tema del canal de la 16. Ahí hay contaminación de todo tipo más allá de la cloacal. Pedí que la provincia tome la intervención correspondiente y que se inste al Ejecutivo para que tome los recaudos necesarios. Por otra parte, que se ponga en práctica una ordenanza de 2006 sobre bocas de monitoreo a las industrias”, informó sobre lo legislado recientemente el concejal Torres.

Otros temas complicados
Para Torres, otro tema que complica a Selva tras la interpelación que surgió de su propia confesión de que había autorizado a la Municipalidad de la ciudad de Luján a arrojar sus desechos cloacales en Mercedes, violando una ordenanza que prohíbe que se tiren desechos ajenos al partido en él. “Permitió el desagote de muchos camiones atmosféricos de la ciudad de Luján, que lo reconoció a través de su poder político. En esta causa hay que avanzar, ya que no se sabe ni la cantidad ni qué desechos se arrojaron. Esto está probado por la simple declaración del intendente”, dijo Torres dejando entrever que sería inminente la toma de decisiones de la fiscalía, que debería citar a declarar a los responsables de la situación.

Otra cuestión tiene que ver con el Instituto Unzué, tema que incluso se investigara por una Comisión Especial del Concejo Deliberante. El expediente 444 (que contiene el total de lo investigado por el HCD) fue solicitado por la Justicia pero no se había enviado: “Le hicimos saber al presidente que estaba en falta, y mandó el expediente. Otro expediente requerido al Ejecutivo no ha sido enviado y tenía que ver con el tema de los excesos en gastos de comida”, según Torres.

Se presume entonces que los integrantes de esta comisión de Legislación actual serán los encargados del seguimiento de las mencionadas causas que se tramitan en la justicia. Y en la medida que esta semana salió apoyado por unanimidad de todos los bloques no habría objeciones de que así sea.