Este lunes vecinos de Tomás Jofré entregaron una carta al presidente del Concejo Deliberante con copia para el intendente en la que, con referencia a la extracción de tosca sobre Ruta 42, entre la Ruta 5 y Tomás Jofré. Lo que solicitan es que no se habilite la cava y que se exija estudio de impacto ambiental. Consideran que la radicación es negativa en la zona.

Mostraron su preocupación los prestadores turísticos de Tomás Jofré, ante la explotación de una cantera a la vera de la Ruta 42, y presentaron esta mañana una petición especial al respecto, dirigida al presidente del Concejo Deliberante y con copia al intendente, que dice: “Se nos ha informado que el trámite de habilitación municipal fue derivado a ese Cuerpo”, aducen los vecinos a David Valerga y le comentan que la explotación los preocupa por el impacto que ha de causar a los turistas que visitan la localidad, quienes se acercan ávidos de la tranquilidad y bienestar que el ámbito rural genera. “Esta tarea afectará ese objetivo del turista y provocará la caída del espíritu de Tomás Jofré, afectando a todo el Partido de Mercedes”, creen los vecinos de Jofré, quienes sabedores de la llegada de inversores, precisamente dispuestos a invertir en una prestación turística distinta como la ofrecida, se preocupan ante la posibilidad cierta de perderlos. También les preocupa el deterioro que ha de provocar al asfalto de la Ruta 42 la presencia de vehículos de carga transportando toneladas de tosca y tierra, así como la pérdida de valor de los terrenos destinados a chacras, “en los que se deben alentar actividades productivas y turísticas, que permitan mejorar los ingresos del Partido de Mercedes”.

“Alertamos sobre un tema que al mundo entero preocupa, el cuidado del medio ambiente, la posibilidad de generar contaminación, provocada por la acumulación de agua estancada en una cava, la posibilidad de transformarla en un basural, tema que, no por dejarlo en último orden es de menor importancia, todo lo contrario, es quizá el de mayor preocupación, porque a fin de cuentas todos debemos preservar, con responsabilidad, el medio ambiente que nuestros padres nos dejaron y que sabemos que es de nuestros hijos”, dicen en la misiva que entregaron esta mañana.

Los prestadores de Jofré además mencionan la legislación derivada del reconocimiento constitucional al medio ambiente (artículo 41 de la Constitución Nacional), y de aplicabilidad plena al caso planteado (Ley 25.675 General de Medio Ambiente, ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, ley 24.585 Sistema Preventivo Ambiental Minero y CCS), y la obligatoriedad de realizar en forma previa al inicio de actividades un Informe de Impacto Ambiental (IIA), seguido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe emitir la autoridad administrativa, que también es obligatoria y anterior al inicio de las actividades de prospección, exploración, explotación, tratamiento, beneficio y cierre de establecimientos y actividades mineras.

“Por imperativo de la ley 24.585, entre otros requisitos para la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA)”, señalan, “deben evaluarse las eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito socio–cultural (que nos comprende). Por otro lado, la cava mencionada deberá cumplir también con los presupuestos de la ley 25.675 que impone la denominada Evaluación del Impacto Ambiental a toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”, agregan.

“Compartimos la noción de que la autopista resulta de interés público. Sin embargo disentimos con que lo sea la cava, ya que resulta evidente que es un interés privado (el de la empresa constructora) el que se beneficia, atento que la extracción de tierra y tosca podría hacerse perfectamente en otro predio”, dicen y se muestran con un único propósito de proteger el ambiente y conservar el patrimonio natural y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera.

Lo que solicitan, en definitiva, es que no se habilite ese emprendimiento, por el daño que provoca y porque la ordenanza de zonificación, si bien no lo prohíbe, tampoco lo permite. Además que se determine mediante un sistema de rastreo satelital las coordenadas correspondientes a ese predio (longitud y latitud), a los efectos de denunciar esa actividad a la Dirección Provincial de Minería, para saber si cuenta con su autorización, y si se ha presentado el Estudio de Impacto que provocará en el ambiente y el correspondiente Plan de Cierre, siempre según lo indicado por la Ley 24.585. Y por último, que se les informe del avance de las gestiones administrativas y se los convoque a la hora de efectuarse el IIA sobre ese u otro predio, a fin de que se mida la incidencia que ese tipo de obra posee sobre las prestaciones turísticas de Tomás Jofré.