El CONADUV (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial) denunció un “tarifazo encubierto de peajes” de hasta el 636 % en corredores viales – rutas nacionales 5, 7 y 8, al que definieron como un “excelente negocio sólo para los concesionarios”.

“Se repite el error”, marcaron a través de un comunicado de prensa, e insistieron con una consigna clara y contundente: “basta de cabinas de peaje”.

Desde el CONADUV aclararon que apoyan la construcción de las autovías y autopistas y dicen no al régimen nefasto de peaje con cabinas de cobro en ruta.

En tanto, sobre la Autovía Luján – Carlos Casares (sobre la ruta nacional 5) aseguran que deberá pagarse en 6 estaciones de peaje para recorrer alrededor de 300 kilómetros desde Buenos Aires a Carlos Casares. “Implicará un 80 % de aumento en el costo del peaje desde Buenos Aires a Carlos Casares por unos 300 km, y un 180 % de incremento en el tramo de la ruta nacional 5 entre Luján y Carlos Casares por alrededor de 240 km”, ponen el acento.

Por otra parte, mediante un cuadro de tarifas actuales de peajes recorren una a una las estaciones y al llegar al peaje Olivera existente sobre la ruta nacional 5, explican que con futuro aumento del 88 % se iría de 2,10 pesos actuales a 3,95 pesos.

Por último, y en cuanto a la ruta 5, en el comunicado de prensa vinculan a las empresas Univía de Autovía Oeste S.A., Homaq S.A y Necon S.A, la que aseguran formaba parte del concesionario Nuevas Rutas en la década del 90, “con un incumplimiento del 55 % de su contrato”. Y recuerdan que esta empresa fue “premiada” con la concesión y las nuevas obras.

 

Régimen perverso

“Las actuales autoridades nacionales al asumir la administración del país, manifestaron que se terminaba el régimen perverso de peaje de la década del 90 en las Rutas Nacionales, sin embargo nuevamente se relicitaron todos los corredores viales bajo el nefasto sistema de cobro de peaje en ruta pergeñado durante la gestión menemista.

El Gobierno Nacional manifestó que no se adjudicarían corredores viales a empresas incumplidoras, no obstante ello de los seis corredores concesionados, cinco corresponden a empresas que no cumplieron con sus obligaciones contractuales”, destacan desde el CONADUV.

“El Gobierno Nacional, contrariando su propio discurso, y haciendo oídos sordos a los reclamos y a las alternativas propuestas por los usuarios viales, adjudica a través de una metodología totalmente antieconómica denominada “iniciativa privada”, la construcción de la autopista Pilar-Pergamino y la autovía Luján – Carlos Casares, sobre las ya existentes Rutas Nacionales 8 y 5 respectivamente, pagadas con nuestros impuesto, y próximamente también licitará la Autopista y/o Autovía Luján-Junín, sobre la ya existente Ruta Nacional 7, bajo el mismo régimen lamentable de “iniciativa privada” con el agregado de nuevas estaciones de peaje y disparatados incrementos tarifarios.

Es así que se reitera el nefasto, antieconómico, ilegal y anticonstitucional régimen de “falso peaje” impuesto en la década del 90. Para peor las adjudicaciones ya concretadas de las obras, fueron para premiar a Empresas incumplidoras como el Grupo Eurnekian, Homaq, Helport,  y que “casualmente” ya tienen las actuales concesiones de “mantenimiento” de las Rutas Nacionales 5 y 8”, cuestionan.

También marcan el “hecho lamentable” de agregar una nueva estación de cobro de peaje en la localidad de Gorostiaga, en la Ruta Nacional 5, a las ya existentes en dicho corredor, y un aumento del 80 % para realizar el recorrido de aproximadamente 300 kilómetros entre Buenos Aires y Carlos Casares, y un incremento del 180 % para hacer 240 kilómetros desde Luján a Carlos Casares.

 

Tasa de Gas oil

El CONADUV expresó que de ninguna manera se opone a las obras, sino que sostiene que el Gobierno Nacional debe dejar de insistir con la implementación de un “método de financiamiento vial inadecuado” como es el sistema de cabinas de cobro en ruta, el cual “ha demostrado ser un verdadero fracaso, y un castigo para los usuario viales y para toda la comunidad en su conjunto”: “Para llevar a cabo la construcción de la autovía Luján-Carlos Casares, como así también la Autopista Pilar–Pergamino y la Autopista y/o Autovía Luján-Junín, y más obras en otros corredores viales, deben utilizarse  los $ 1.800 millones anuales que se recaudan de la tasa al Gas-oil”, reclamaron.

Desde el CONADUV piden suspender el llamado a nuevas licitaciones que contemplan la instalación de nuevas estaciones de peaje en las rutas nacionales, y cumplir así con lo expresado y prometido por el propio presidente Kirchner que en su momento  manifestó que se terminaba con el régimen de peaje de los 90.

 

La propuesta

Lo que se destaca es la necesidad de implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del país, reasignando en forma efectiva los recursos provenientes de la tasa al Gas-oil y el retorno, aunque sea en parte, del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales.

Por último, el CONADUV también exhorta a los respectivos Intendentes y a los respectivos Concejales, y especialmente al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a convocar a Audiencias Públicas para escuchar la voz de todos los usuarios viales, “y a que no se sigan haciendo los distraídos y que se asesoren como corresponde sobre un tema tan importante como es la infraestructura vial, para cumplir así con la defensa del bien común y del interés general”.

Son integrantes del CONADUV varias organizaciones como CADIA (Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), CELADI (Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia), FAA (Federación Agraria Argentina), Federación Centro y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, CATAC (Confederación del Transporte Automotor de Cargas), FAN (Frente Agropecuario Nacional), FEDECAMARAS, CGP (Confederación General de la Producción), CGE (Confederación General Económica), CATET (Cámara Argentina de Transportadores con Equipos Tolvas), Comisión de Vecinos de Mercedes, Buenos Aires; la Federación del Personal de Vialidad Nacional, APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), Comisión Autoconvocada Ciudadanos Perjudicados de Chascomús, Cooperativa Diésel Limitada, PROCONSUMER (Asociación de Protección Consumidores del Mercado Común del Sur), APYMEV (Asociación Pequeños y Medianos Empresarios Viales), CEYMATT (Centro de Estudio e Investigación del Medio Ambiente, Tránsito y Transporte), DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores).