Este lunes por la mañana se tomaron nuevas declaraciones en la justicia por parte de la fiscal de delitos complejos, y en torno a la causa iniciada por las irregularidades en el otorgamiento de licencias de taxis y remises en la ciudad, y que surgiera tras la interpelación realizada al intendente Carlos Selva y tras declaraciones de los propios integrantes del área de Tránsito municipal. Fueron citados a testimoniar por parte de la doctora Miriam Rodríguez los concejales Juan Manuel Torres y Luis Colao, así como dos funcionarios policiales: el ex comisario Guillermo Torchia (no se habría presentado, alegando cuestiones de salud) y el renunciante Julio César López.

Luis Colao, de la Coalición Cívica, fue a declarar ante Miriam Rodríguez sobre lo que tenía que ver con el punto 20 de la interpelación y con una denuncia de quien era el jefe de la oficina de Tránsito, Antonio Tilli, respecto del funcionamiento de taxis y remises sin habilitar y además por la existencia de algunas complicidades que entorpecían su accionar: “Se lo interrogó al intendente para saber si el Ejecutivo había iniciado alguna causa, y dijo que no: reconoció falta de controles y que hay taxis que no están habilitados y siguen andando. Yo ratifiqué todo esto ante la fiscal y ahora esperamos que la causa siga su camino. Aunque lo que vemos es que la situación sigue igual: seguimos con falta de controles, con taxis que funcionan de manera irregular, nada se ha corregido con el peligro que eso conlleva, ya que estamos hablando del transporte de pasajeros”, dijo.

Por su parte, con respecto a su declaración, el concejal Torres (de la UCR) contó que fue citado por la fiscal que lleva la causa a las 11 horas, y brindó algunas precisiones: “Es bastante voluminosa la causa, lo importante es que se está trabajando, se está avanzando y se están fijando criterios. Uno espera que lo más rápido posible se clarifique la situación”, dijo Torres y opinó que este avance permitirá corroborar que eran “falsas” las imputaciones que se hicieron al trabajo de los ediles: “El hecho de que avance la justicia significa que eran falsas las imputaciones que se hacían al Concejo cuando interpeló al intendente, los elementos de juicio son consistentes y justifican avanzar en las investigaciones para conseguir precisiones. No sólo se trató de desprestigiar la decisión tomada por el Concejo sino darle un tono de especulación política, cosa que hoy se pone en evidencia en un ámbito ajeno al Concejo. Lo cierto y claro es que hay una fuerte responsabilidad política del intendente, lo que sea de carácter penal es algo técnico y no emito opinión. Esperamos que la justicia se expida y determine sobre esta causa, que es una de las que hay en marcha. También está la confesión pública del intendente de la violación de una ordenanza por el vuelco de líquidos, y el tema de las irregularidades del Instituto Unzué, que es muy importante y fue producto de un trabajo anterior con una Comisión Evaluadora que incluso impuso criterios de cambio de políticas”, completó Torres y valoró que estas también son tareas del Concejo y van más allá de la función de legislar: “Hoy en día la tarea del concejal es muy exigente y hay que seguir en ese camino, para asumir actitudes concretas de acción”, dijo.