En estos días en los que se ha pedido la elevación a juicio oral y público de la causa por daño calificado respecto a los mercedinos Sena, Barguez y Díaz, tres de los que resistieron el desalojo de la ex Clínica Cruz Azul, uno de los que sigue procesado y que fuera presidente de la Cooperativa que se formó tras el cierre, Daniel Díaz, destacó que los movimientos en la causa son usados para amedrentar. A la vez, informó que la medida fue apelada.

En la mañana de hoy realizó una conferencia para los medios apoyado por los integrantes de la Coalición Cívica de Mercedes, la que lo tiene entre sus filas. Díaz remarcó que la causa se renueva luego de 4 años y tras la represión que sufrieron: “Esta es una forma del poder de mostrar que todo aquel que proteste hay que castigarlo para que no sirva de ejemplo a otros que puedan plantear una situación similar. Hay muchos compañeros procesados en el país por llevar adelante una lucha social. En el caso de la Clínica es evidente que ha sido una persecución a quienes fuimos los voceros de los trabajadores: yo había pedido días antes de la represión a los partidos políticos que nos den una mano para que no se cierre la clínica. Y la clínica se cerró por una decisión judicial y por una complicidad del poder político, ya que Selva no hizo nada para que no se cerrara la clínica y después sí hizo mucho para que levantáramos la carpa. El Ejecutivo hizo lo imposible para que la levantemos y hoy este proceso luego de 4 años no tiene sentido”, dijo Díaz y destacó que en un principio eran tres las causas que se les iniciaron, aunque sólo una sigue en pie, por “daño calificado”. Las otras eran por “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”.

“Las causas fueron iniciadas por el Estado, de oficio. Apuntaban a los que éramos los voceros, porque no procesaron al dueño de la Clínica y depositario judicial de los bienes. A nosotros nos sacaron y procesaron, y este hombre se fue, no pagó los sueldos ni las indemnizaciones y ni lo citaron”, amplió Díaz y recordó que los daños se produjeron con la intervención de las fuerzas del orden que reprimieron.

“Queríamos conservar las fuentes de trabajo y que la clínica siga siendo clínica. Eso lo logramos aunque no incorporar a la gente, como estaba planteado. Nos han llamado para hacer entrevistas pero no nos eligieron”, completó.

En tanto, el concejal mandato cumplido Javier Etchart fue uno de los que expresó su solidaridad públicamente, junto al concejal mandato cumplido y dirigente Javier Casaretto y los ediles de la Coalición Cívica Luis Colao, Débora Lacasa y Jorge Retegui, así como el presidente de ARI local, José Cestari.

“Daniel Díaz defendió sus derechos laborales. La Constitución habla de tres derechos: civiles, políticos y sociales, y ninguno tiene prominencia sobre los otros”, dijo en este sentido Javier Etchart y destacó que no hay que dejar de lado “el derecho social a la defensa laboral, ya que es indispensable”.

Sobre la presentación manifiesta de solidaridad con Díaz, por su parte, el edil Luis Colao dijo que no estarán nunca a favor de la judicialización de la protesta, que es legítima cuando se defienden las fuentes de trabajo: “Si hoy tenemos la clínica se debe a la lucha de los trabajadores”, evaluó.

Sobre la causa, vale decir que la elevación a juicio oral está apelada y habrá que esperar que resuelve la Cámara.