“Fue una discusión lamentable”, graficó el abogado Miguel Barbella, quien estuvo como vecino tras la barra anoche en el primer piso del Palacio Municipal cuando luego de dos horas de tratamiento y tras incluso discutir si el tema se discutiría, finalmente decidió pasarse a comisión para decidir en otro momento qué hacer con respecto al posicionamiento que se exigía del Legislativo ante el conflicto con el campo.

Dos eran los temas que se unían en el orden del día, aunque uno ingresaba por fuera y debía encontrar forma, lo que generó las primeras discusiones entre los ediles. Por otra parte se encontraba un proyecto de Resolución de Arrecifes solicitando adhesión a favor del diálogo retrotrayendo todo al 10 de marzo.

Los vecinos habían entregado de manos de Mario Spinelli, uno de los que suscribía la carta, un pedido al presidente del Legislativo, Marcelo Denápole, con la adhesión a la solicitud de parte de un grupo de “Ciudadanos Argentinos” para poner fin al conflicto, considerando que la Resolución 125 que crea las retenciones móviles y origina el conflicto no es materia de entendimiento del Ejecutivo Nacional sino del Legislativo, es decir el Congreso.

“Debo decir que el tratamiento que se le dio a nuestra nota es lamentable, más allá de que de todo esto se tenga mucho más para decir. Yo creo que tuvieron una muy buena oportunidad de poder dar una respuesta en el tono de la petición, que era de un simple grupo de ciudadanos que están cansados de ver esta problemática de una confrontación exasperante y no encuentran en el resto de las instituciones el eco suficiente para tomar intervención y poner paños fríos”, dijo al respecto Miguel Barbella. Otros vecinos que estuvieron en el recinto por este grupo fueron Paco Contín, Carlos Aristi y Silvia Gils Carbó, por citar algunos.

“Queremos generar un espacio para que el ciudadano común se pueda expresar. No hay una expresión a nivel de la sociedad que refleje lo que todos estamos pensando: creemos que es una barbaridad que esto no se termine, que no tenga un límite. No hay ninguna institución, ni organización no gubernamental, ni asociación de vecinos que sea pública o privada que diga qué es lo que hay que hacer”, marcó.

“Hicimos la presentación como un grupo de ciudadanos argentinos. Lo hicimos desde nuestra condición de simples ciudadanos. El problema no es un problema local, ni provincial, es nacional. Lo que pretendemos es que se activen los mecanismos institucionales para que esto se resuelva, y la institución madre que tiene que resolver esto es el Congreso. Por eso instamos a que pidan por las vías que corresponden a la Gobernación y al Congreso que se pongan a trabajar sobre el tema: porque no es una facultad del Poder Ejecutivo la resolución 125, que entendemos debió hacerse en el Legislativo, no unilateralmente por parte del ministerio de Economía. Aquí la base está en el Código Aduanero y esto es materia del Congreso Nacional”, completó.