Algunos vecinos de la ciudad de Mercedes y de aquellas que integran el corredor de la ruta 5 se sienten profundamente espantados y están en alerta ante la posibilidad de que se otorgue por un nuevo periodo la concesión de los peajes a las empresas incumplidoras de los contratos de las obras, que tienen a su cargo la conclusión de una autopista entre Luján y Mercedes desde hace años e incluso pretenden mediante una iniciativa privada llegar con una doble vía hasta la ciudad de Carlos Casares.

“Llevamos 18 años en obras con la Autopista Luján - Mercedes inconclusa y que quieren otorgar a dedo 5 años más de peaje a los mismos concesionarios de siempre: Nuevas Rutas-Univía”, se quejan los usuarios de las rutas.

Según versiones periodísticas, que recoge el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, el Gobierno Nacional ha decidido relicitar a partir de octubre próximo los corredores viales nacionales por otros 5 años bajo el “nefasto régimen de peaje con cabinas de cobro en ruta”, sin convocar a una audiencia pública donde los usuarios viales puedan expresar su reclamos y alternativas.

En este sentido el CONADUV rechaza total y enfáticamente, por inviable, antieconómico, ilegal  y anticonstitucional, la decisión del Gobierno Nacional de insistir con el sistema perverso de “falso peaje” con cabinas de cobro en ruta en caminos de dominio público y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los Fondos Específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes) generadores de más de nueve mil millones de pesos anuales ($ 9.000 millones anuales) y la Tasa sobre el gasoil que aporta al erario público más de dos mil millones de pesos anuales ($ 2.000 millones anuales).

“Cabe recordar que esta última fue creada para eliminar los peajes y hacer obras de infraestructura. Lamentablemente gran parte de todos esos fondos, que superan los doce mil millones anuales ($ 12.000 millones anuales) son desviados por el Estado Nacional para beneficiar sectores privilegiados de poder, y no destinados a los fines para lo cual originariamente fueron creados”, remarcan.

“Antes de continuar con este sistema de peaje inédito en el mundo, para sólo mantenimiento y sobre rutas ya existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago, resulta imperioso reflexionar que este régimen de “falso peaje” atenta contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados, representaciones de usuarios y asociaciones vecinales”, agregan.

El CONADUV se permite cuestionar el anuncio formulado por el Gobierno Nacional,  solicitando a la Presidenta de la Nación quiera disponer se realice en forma urgente el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos sin peajes ni aduanas interiores y el costo social que implicaría el proyecto de continuar con un régimen de peaje antieconómico, ilegal, discriminatorio y anticonstitucional.
“Esta poca transparente nueva licitación de los corredores viales que pretende llevar a cabo el Gobierno Nacional está claramente direccionada a favorecer a quienes disfrutaron durante más de 18 años de beneficios extraordinarios, constituyendo una nueva afrenta al interés de la sociedad en su conjunto”, concluye el CONADUV y reitera la necesidad de implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes de la tasa al gasoil y el retorno, aunque sea en parte, del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales.