Luego de que trascendiera oficialmente que el destino de los fondos del producido de la soja sembrada en el campo en el que se construirá la cárcel federal serán para la ciudad de Mercedes, el concejal radical Juan Manuel Torres marcó que lo importante es evaluar a qué se destinará ese dinero, comentando cuáles son a su entender algunas prioridades.

“Lo que desearía es que se haga una política concertada entre los responsables políticos de la ciudad, entre los cuales están los concejales y el Ejecutivo, pero si no se establecen canales de diálogo cada uno hace lo que le parece y no se ven los mejores resultados. Si van a llegar fondos extraordinarios hay que ver para dónde se canalizarían, y esto hay que discutirlo con profundidad”, opinó Torres a propósito de la discusión que se ha iniciado hace ya un tiempo sobre este sembrado de soja.

Lo cierto es que Carlos Selva viajó el viernes al Ministerio de Justicia de la Nación por el tema referido a la plantación de soja, en su momento no autorizada, que fue realizada en el predio donde se construirá la cárcel federal de Agote. Estuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y firmó un convenio donde se le concede la Municipalidad el remanente de la explotación del campo con la posibilidad de asignarlo a su criterio a lo que se considere necesario.

“A mí me gustaría que se atiendan cosas postergadas, como la construcción del Centro Integrador Comunitario del barrio Esperanza, que es una ordenanza que lleva dos años aprobada, pero no existe política concreta en este sentido, no sólo del punto de vista de la construcción sino de la puesta en funcionamiento de equipos interdisciplinarios que den respuestas a la postergación de estos sectores de la sociedad. También esta propuesto un CIC del barrio Calvillo, pero no hay acción concreta. Que yo sepa no se está en temas concretos trabajando”, cuestionó Torres.

Para el edil de la UCR Mercedes, otro tema a trabajar en serio y con recursos es “el saneamiento claro que necesita en muchos aspectos la ciudad desde el punto de vista de la contaminación”, según dijo y marcó que está siguiendo el expediente del caso Spagnuolo, que volvió de la Corte Suprema a la Cámara, y de ahí al Juzgado de Primera Instancia, que es el responsable de ejecutar la sentencia: “A partir de la conclusión de la feria judicial hay que trabajar sobre qué actitudes tomar. La sentencia de Cámara, que es la que se tiene que aplicar, es clara y dice que en 360 días se tiene que sanear todo lo vinculado a la contaminación por vía de desechos cloacales que está produciendo la comuna, y en uno de los considerandos de la sentencia se establece que tiene que haber una planificación y mecanismos de ejecución hacia adelante. Lo primero que tendría que hacer el Ejecutivo es ese plan, yo he pedido informes y no he tenido respuesta. He leído declaraciones de que se habla de firmar convenios con Hidráulica pero eso ya debería estar definido. Si se pierde tiempo la ejecución de las obras quedará fuera del plazo”, opinó el concejal.