El trabajo de la Comisión Evaluadora del Instituto Unzué y la discusión por las tareas de Desarrollo Social, que luego se prolongaría a propósito de la interpelación al intendente, sigue su curso en la investigación de la justicia y se supo que por estos días fue citado a declarar el ex interventor Diego Robles –quien en su momento aseguró que le haría juicio a los concejales, tras las conclusiones del dictamen del expediente 444/2006– pero este se negó a declarar, por lo que sería procesado por pedido del fiscal al Juez de Garantías.

Quien se refirió a la actualidad de la causa fue el edil del radicalismo, doctor Juan Manuel Torres. El radical recordó que había varios conflictos y todo se transformó allá por 2006 una investigación por el manejo de mercaderías, que contó con las declaraciones de Marcelo Giardelli, sobre irregularidades y desatención de menores, entre otros aspectos, junto a otros empleados del Unzué: “Se conformó un expediente importante, nosotros hicimos un dictamen con la comisión evaluadora junto a los ediles Parodi y Pueblas, también estuvo Teijeiro, y luego se terminó yendo el director Bozzini, quien también declaró, y el tema además formó parte de la interpelación y llegó a la fiscalía, donde hay varios elementos de trabajo”, comentó Torres.

Asimismo, el edil informó que las últimas actuaciones marcan que citaron a prestar declaración informativa al ex interventor Robles, quien se negó, por lo que el fiscal pidió al juez de Garantías que se le dicte auto de procesamiento. “Esto está a decisión del juez, que si toma la actitud que plantea el fiscal lo va a procesar. El tiene derecho a no declarar, pero las actuaciones siguen. Ahora veremos cómo”, dijo Torres.

Por último, en cuanto al seguimiento de las causas, en algún momento Torres consideró que habiendo asumido el Legislativo la decisión de mandar las investigaciones a la justicia no podían dejarse los expedientes librados a su suerte: “Se barajó la posibilidad de que el Concejo contratara a un abogado externo, pero luego en comisión se decidió que era muy gravoso políticamente hacer un concurso y llegamos a un acuerdo de que lo íbamos a seguir los cuatro abogados que integramos la comisión de Legislación: López Baggio, Valerga, Ludueña y yo. Pero lo cierto es que sólo Valerga y yo seguimos las causas, y los demás no se han acercado a la Fiscalía”, comentó Torres.