Luego de que se conociera la intención de dar marcha atrás con la licitación privada realizada para la adjudicación de las cámaras de seguridad a una empresa que realizaría la instalación, y la decisión de hacer el llamado a la licitación pública anulando los decretos redactados, hay quienes aseguran que se viene una acción legal importante de la que no estaría exento de responsabilidad el municipio, por violación a las normas del Código Penal.

Lo cierto es que en el proyecto que finalmente concluyó en ordenanza para la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad se preveía el llamado a una licitación pública, marcando esto expresamente en el texto de la ley promulgada. Pero se hizo un llamado a licitación privada y esta, tras ser objetada por una de las empresas que quedó afuera y varios concejales de la oposición, se supo fue anulada por decisión de las áreas de Legales y Gobierno de la Municipalidad.

En lo que hace a la violación de las normas del Código Penal, puede decirse que en el Capítulo IV, se habla de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y en el artículo 248 se establece claramente que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Todo este conflicto surgió luego de que una de las propias empresas que comercializan e instalan estas cámaras cuestionara la forma en que se licitaran, al quedar fuera de la posibilidad de ofertar incluso.

Ahora la cosa podría tomar un cariz judicial, y esto es lo que quisieron atemperar desde la comuna, anulando el decreto de la licitación y dictando una nuevo. Según legistas consultados, esta anulación no invalida el llamado anterior y este error podría ser materia de una causa en la justicia para deslindar responsabilidades.