Hasta el mes de diciembre deberán esperar los bonaerenses para la designación de su Defensor del Pueblo en el territorio de la provincia. Son varios los nombres que se barajan y hay un candidato oficial. Luego de ser sancionada el 11 de junio, promulgada el 7 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 18 de julio, la ley 13.834 entra en vigencia, algo pendiente tras la reforma de la Constitución de 2004. A este funcionario es al que deberán acudir los afectados por distintas cuestiones en el ámbito bonaerense.

Tal cual apunta el artículo 12 de la citada ley, “el Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional y política, y autarquía financiera, encontrándose legitimado activamente para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido. No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad”. Además, “puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Pudiendo supervisar la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias”.

Pero aún en la provincia y mientras corren los plazos se busca un candidato. El elegido por el Ejecutivo es el diputado nacional Remo Carlotto, pero tras algunas reticencias también se suponen con posibilidades Juan Pablo Cafiero, ex ministro de Seguridad y de Desarrollo Humano durante la gestión de Felipe Solá que actualmente es asesor de la jefatura de Gabinete de Daniel Scioli. Los senadores Patricio García y Carlos Díaz también se mencionan como los probables elegido para ocupar la Defensoría del Pueblo, cuya creación fue prevista en la reforma constitucional de 1994. De acuerdo a lo que prevé la ley, la elección del Defensor del Pueblo se realizará siguiendo un procedimiento que demandará casi tres meses, a partir de la conformación de una comisión bicameral que elaborará una nómina con los candidatos a ocupar el cargo.