El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla apeló la medida dictada recientemente por el juez federal Norberto Oyarbide, quien le revocó la prisión domiciliaria y dispuso que cumpla prisión preventiva en Campo de Mayo.

Lo hizo a través de sus abogados patrocinantes, doctores Adolfo Casabal Elía y Luis Boffi Carri Pérez, quienes interpusieron un recurso solicitando que el dictador vuelva a estar detenido en su domicilio, debido a “la grave situación de salud” que, según se indicó, padece.

Al mismo tiempo, los abogados apelaron la prisión preventiva porque entienden que Videla estuvo detenido varios años, con lo cual ya cumplió el máximo plazo establecido por ley.

El dictador, de 83 años, fue traslado a Campo de Mayo la semana pasada, por orden del juez Oyarbide, quien tuvo en cuenta “la gravedad de los hechos que se endilgan”.

El juez consideró que esa situación “resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de su libertad ambulatoria, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante una serie de sucesos criminales, que fueron pergeñados desde la cúspide del poder de facto que ilegítimamente ostentaba el imputado”. 

En tanto, en la ciudad de Mercedes por estas horas se discute si se quita la placa que el dictador colocara y aún sigue allí, en la puerta misma del Palacio Municipal. Por otra parte, y sobre la cuestión en sí del arresto domiciliario, ya en 2006 se hablaba de la posibilidad de violación al mismo, con rumores que se fundamentaban en que lo habrían visto de visita en la casa de su hermana, que efectivamente vive en esta ciudad, en la que la familia Videla tuvo una larga trayectoria en la fuerza militar, desde el propio padre del dictador que fue uno de los integrantes de la Junta Militar del 76, quien fuera jefe del Regimiento 6 de Infantería en la década de 1930.