Lo primero a definir es si el sistema previsional es de carácter estatal o privado. Cuando nacieron las AFJP, hicimos campaña en contra y por seguir en el sistema estatal de reparto. Hoy reafirmamos que es necesario terminar con ese régimen, que negocia el dinero de los aportantes en la ruleta financiera, poniendo así en riesgo las jubilaciones y pensiones de millones.

El sistema privado debe terminar de una vez. Por eso no compartimos las propuestas de sectores de la oposición que, más allá de sus argumentos, terminan defendiendo la continuidad de este verdadero fraude contra los trabajadores de hoy y los jubilados y pensionados de mañana. Y por eso no fuimos a la marcha de ayer.

No obstante, hay otros temas centrales a resolver, a los que no les dan respuesta ni la oposición parlamentaria ni el Gobierno. El oficialismo plantea la estatización y dice defender a los jubilados, pero es evidente que tras su decisión hay otros motivos. El fundamental: poder manejar esos fondos millonarios para afrontar un 2009 con altísimos vencimientos de deuda externa y una campaña electoral decisiva para su futuro. Por eso posterga para “algún día” la creación de un instituto autónomo.

Además, con el proyecto K y la reciente ley de (in)movilidad jubilatoria se abandona el 82 por ciento móvil. Las jubilaciones y pensiones quedan atadas a una recaudación en baja y a aumentos salariales relegados bajo el pretexto del peligro de suspensiones y despidos. Así, luego de una vida de trabajo, jubilarse hoy es recibir un certificado de pobreza o de miseria.

Creemos en un sistema previsional estatal, nuevo, integral y digno. Que de verdad garantice el 82 por ciento móvil. Que otorgue la administración autónoma de los fondos a trabajadores y jubilados electos democráticamente. Con expresa prohibición de utilizarlos como “caja” del gobierno de turno. A la vez proponemos que se investigue a las AFJP y a la burocracia sindical, socia y cómplice, por los negocios de estos años. Así como impulsar medidas contra el trabajo en negro y el desempleo, para incluir en el sistema estatal a más de 6 millones que hoy no aportan y tienen en riesgo su vejez.

Este artículo fue publicado en Página/12. Vilma Ripoll es dirigente del MST, Nueva Izquierda.