En la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina se acerca fin de año y es tiempo de evaluar que fue un 2008 con mucho ajetreo e incluso, hace poco, varios mercedinos estuvieron en la Constituyente Social en la provincia de Jujuy. Ahora están dedicados al tema de niñez y cuestionan las políticas del gobernador Scioli. Asimismo, preparan una gran marcha para mediados del mes de diciembre en la que también reclamarán por los derechos de los ancianos que no tienen jubilación alguna.

“Nosotros hicimos una marcha provincial de varias organizaciones adheridas a CTA y otras, que también formaron parte de la Constituyente Social, rechazando los términos del planteo que hacía Scioli con respecto a la baja de imputabilidad”, explicó Hugo Bonafina, secretario general de ATE Mercedes. “En la provincia hay dos leyes que no se aplican y el planteo de la imputabilidad es una falacia para no reconocer la situación  social que estamos viviendo hoy, y es cargar en los adolescentes culpas que no están en ellos, no sólo porque no son responsables sino porque estadísticamente la propia Policía reconoce que los chicos en muy pocos casos de delitos han intervenido. Hay una utilización mediática de los grupos de derecha que no quieren aplicar la ley, que está votada y es la convención de los derechos del niño. Incluso a nivel nacional no existe el fuero penal juvenil, pero en la provincia de Buenos Aires comenzó hace poco pero no tiene la infraestructura que corresponde. La otra ley fundamental es la ley de promoción de derechos. A esa ley no se le da el aporte económico que se le debe brindar para que los municipios sean los que la apliquen como corresponde. Acá mismo en Mercedes está la demostración: en teoría se nombró un equipo que se llama el Servicio Local, pero públicamente no se ha dado un teléfono del mismo ni se sabe dónde funciona, y por lo que sabemos no cumple todas las funciones que debe. Lo que debe funcionar es un Servicio Local las 24 horas con un psicólogo, un médico, un abogado y un trabajador social, con un teléfono ubicable, que en principio estaba en el Instituto Mariquita Sánchez y hoy creemos que está en el Unzué”.

Para Bonafina, es claro que a los adolescentes y a los niños hay que garantizarles los derechos, no acusarlos de delitos: “Eso es fácil de decirlo pero no de demostrarlo. Y en todo caso el adolescente que cometa algún delito debe estar amparado por el fuero penal juvenil, lo que implica que tenga un defensor, un acusador y una sentencia con término concreto, no igual a la de los adultos”, dijo y comentó que ya se hizo una marcha y atado a esto están los ataques a integrantes de la Organización los Chicos del Pueblo, que lucha contra la pobreza y cuyo lema es “El hambre es un crimen”: “Recientemente en una marcha con 15 mil personas secuestraron a una trabajadora de José C Paz, de 22 años, con la argucias la metieron de golpe en un auto y la tuvieron dos horas, secuestradas y tajeándola. Hubo una zona liberada para que eso ocurriera y es el sexto caso en el año. La amenazaron que se deje de joder con El hambre es un Crimen. Pero la CTA y todas la organizaciones una de las discusiones que tuvimos es que el hambre es un crimen, como prioridad, ya que no ha sido eliminado en el país, los mismos niveles de pobreza se mantienen desde 2001, pero ha aumentado la desigualdad social y por eso preparamos una marcha muy fuerte el 12 de diciembre a Plaza de Mayo, a reclamar al Gobierno Nacional un salario familiar por hijo, no importa la condición de su padre, trabajador estable, inestable, en negro o sin trabajo. Además tiene que haber una garantía para todos los viejos que no tienen jubilaciones. Ambas cosas, porque entendemos que son derechos sociales que están garantizados por la Constitución y no se cumplen”, completó Bonafina.