Se dio a conocer el documento que elaboraron desde Proyecto Sur Mercedes y que será la expresión de Proyecto Sur en toda la Provincia de Buenos Aires, con el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad delictiva que plantea el gobierno de Scioli.

Ante las opiniones vertidas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por sectores de la sociedad civil respecto de la baja de edad de imputabilidad de los niños en conflicto con la ley penal, Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires reafirma su oposición a esta medida y señala que la propuesta de bajar la edad de la imputabilidad de los menores no soluciona ni solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito en territorio bonaerense, sino más bien profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades centrales por parte del Estado, las cuales deben garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y jóvenes.
“Los culpables de la ‘inseguridad’ no son los niños y jóvenes humildes, sino las políticas neoliberales aún vigentes en nuestro país, las cuales han producido que los niños y jóvenes que hoy que cometen delitos no puedan tener acceso a derechos humanos básicos como son la educación, la salud y la vivienda. La falta de soluciones políticas ante la violación de estos derechos elementales hace que las verdaderas víctimas de la inseguridad de este sistema político-económico perverso pasen a ser victimarios de aquellos que lo impulsaron y festejaron”, sostienen y aseguran que esto “está demostrado por el gobernador Scioli cuando señaló que en la Provincia de Buenos Aires hay más de 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela, demostrado los niveles de exclusión y fragmentación social que vive nuestra provincia”.

“No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio”, señalan.

Lo que consideran desde Proyecto Sur es que en la provincia se cuenta con las herramientas legales idóneas: la ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13.634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. “Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino”, agregan.

“Asimismo a nivel nacional contamos con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (Naciones Unidas) de carácter Constitucional. Todas estas herramientas legales han producido un nuevo paradigma en el abordaje de los derechos de los niños y jóvenes, no siendo ya objeto de tutela del Estado (siempre autoritario y represivo con los tutelados), sino sujetos de derechos”, destacan.

En tanto, aducen que con este tipo de decisiones políticas, se puede ver que el gobierno provincial “no concuerda con los pensamientos y sentimientos  de los sectores populares, sino todo lo contrario, insiste en la necesidad de la ‘mano dura’ como solución a los problemas de la inseguridad, demostrando que está en defensa de los intereses y reclamos de quienes saquearon a nuestro país por mas de 30 años y hoy lo siguen haciendo. Con la misma práctica política, el Gobierno Nacional sigue entregando nuestros recursos y subsidiando a las multinacionales, negándole, con estas actitudes, oportunidades de bienestar social a todos los niños y jóvenes que hoy no tienen otra salida que delinquir. Con esto podemos ver que, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, no tienen la voluntad política de revertir la situación”.

Además marcan críticas al kirchnerismo provincial y afirman que los grandes medios de comunicación insisten en “ocupar mucho espacio con los reclamos por mayor seguridad, negando y ocultando las causas que producen el maltrato y el abandono sufrido por miles de niños y jóvenes, que no tienen ni tendrán las mismas oportunidades que los niños de las ‘familias honestas’ que hoy se movilizan en reclamo por la ‘mano dura’ y que ayer no salieron a alentar rebeliones, cuando el menemismo saqueaba nuestro país con privatizaciones impuras mientras amontonaba pobres a la intemperie”.

Para Proyecto Sur es claro que un tema tan delicado como la inseguridad no puede ser solucionado más que con decisiones políticas que tengan como prioridades una justa distribución de la riqueza, mayor inclusión y justicia social, educación, salud, trabajo y vivienda para todos. “La solución no es fácil ni rápida, pero queda en nosotros no bajar los brazos y seguir luchando por lo que nos corresponde”, opinan.

Desde el Movimiento Proyecto Sur le plantean y exigimos a los tres poderes del Estado impulsar la asignación universal para los menores de 18 años; implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en la legislación; poner en marcha todos los órganos previstos por la ley 13.298: los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social; fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves; adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia; ordenar el cese de la detención de niños en comisarías, demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de personal policial y de asistentes de minoridad.