Se conoció finalmente el desarchivo de una de las causas (la IPP Nº 219.194) que surgieron tras la interpelación y que había pasado a archivo con un criterio bastante discutido del fiscal Vivanco y que tiene que ver con el vuelco de líquidos de tanques atmosféricos en el Partido de Mercedes, provenientes del Partido de Luján, cuestión que está prohibida expresamente por ordenanza y que el intendente Carlos Selva había avalado en 2006, tal cual confesó en la mencionada interpelación y consta en actas. Ahora el desarchivo es producto de una resolución del Fiscal General, Pablo Merola, quien dispone la prosecución de la causa. Aunque el concejal opositor Juan Manuel Torres (de la UCR) no se deja convencer y cree que las nuevas actuaciones podrían ser maniobras dilatorias, por lo que exigirá que se cite a indagatoria al acusado, en este caso el intendente.

El propio doctor Torres opinó tras la resolución del fiscal Merola, que sucede al archivo dispuesto por el agente fiscal Daniel Héctor Vivanco, quien es co titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas Departamental. “Merola busca de todas formas justificar la decisión de Vivanco acudiendo a citas doctrinarias y se olvida de otros aspectos que son más importantes, como son la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y de la Nación Argentina, que tienen pronunciamientos diciendo que las ordenanzas municipales son leyes, así como también el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que dice que las ordenanzas son ley en sentido formal y material”, cuestionó Torres.

El edil recalcó además que el fiscal Merola dice que en este caso se puede considerar que es una ley por tratarse de una cuestión ambiental, que es algo que el fiscal Vivanco había subestimado, pero “no da la definición absoluta en el sentido de que sea cualquier ordenanza, por lo que relativiza la cuestión y la considera aplicable a este caso”: “Esto a mí no me satisface”, planteó Torres. “Se mete tratando de justificar lo que hizo Vivanco que tenía un sentido sostenible desde las opiniones de algunos juristas, tratadistas. Pero el problema pasa por los organismos que definen, que son las Cortes de Provincia y Nación, y la ley. El hace una distinción según qué tipo de contenido tiene la ordenanza, pero hay un viejo dicho que es ‘donde la ley no distingue, distinguir no debemos’ y aquí la ley es muy precisa. Las ordenanzas son ley en sentido material y formal. En función de esa valoración que hace, la ubica dentro de los presupuestos que prevé el artículo 248 del Código Penal que reprime el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Juan Manuel Torres.

Así las cosas, se reabre la causa, desarchivándola, pero no se dispone la citación del intendente a declaración indagatoria, algo que Torres exige: “Hay elementos de juicio más que suficientes: está la ordenanza que lo prohíbe, está reconocido públicamente y consta en las actas de la interpelación de que lo hizo a sabiendas, el fiscal en lugar de citarlo al intendente dispone algunas medidas investigativas, entre otras que se pida cuáles fueron las características de emergencia y qué alternativas había, así como el origen y el destino de los desechos”, amplió sobre los pasos que Merola solicita para proseguir con la causa abierta.

Por otro lado, vale decir que en la prueba están agregados a la causa pedidos de informes de la fiscal anterior, Miriam Rodríguez, a la Municipalidad de Luján, desde donde ratificaron que fue una autorización del intendente de Mercedes y además dijeron que no sabían del contenido y no se hicieron los controles, así como también hay 16 planillas de los movimientos que hicieron los camiones.

Según Torres el intendente de entonces de Luján, doctor Miguel Prince, también tiene su cuota de responsabilidad. “Prince a lo mejor vuelve a ser intendente, y yo creo que también tiene responsabilidad en esto. Aunque el gran responsable es el intendente local, y ahora están averiguando a ver qué otra solución había. Mandaron los camiones al río Luján y esto va a la ciudad de Luján. Tiraron en la boca del camino de la Planta Depuradora y de ahí fue al río sin ningún tipo de tratamiento, sobre todo en esa época”, explicó Torres.

Lo que alertó el edil es que, si no se lo cita al intendente a declarar, la causa puede incluso prescribir: “Si querían tomar esas medidas está bien, pero previa citación al intendente. Acá corremos el riesgo de que si se dictan medidas dilatorias el proceso puede entrar en una prolongación que determine que se agoten los plazos y prescriba la causa. Esto sería un escándalo desde el punto de vista de la responsabilidad de los concejales que impulsan denuncias, y de la eficiencia y seriedad con que debe trabajar el Poder Judicial. A mí esto no me gusta, se debe citar al intendente, y si es necesario me voy a presentar como particular damnificado y voy a entrar en el proceso en otros términos. Le debemos una respuesta a la sociedad, yo tengo una función pública y una responsabilidad y estas son cuestiones que hacen al interés general”, afirmó el concejal Torres.

“Me interesa que se haga el debido proceso legal y luego que se decida si hubo responsabilidades penales o no. Pero que sea consistente, que el juicio tenga su trámite normal y desemboque en un pronunciamiento y no quede a mitad de camino porque se proscribió. Porque queda bajo sospecha todo, y el mensaje para la población es muy embromado. Que la decisión final que se tome, sea de carácter condenatorio o exculpatorio, sea consistente. Y en eso no voy a ceder”, completó el edil.