El doctor Juan Manuel Torres, titular del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, cuestionó el fallo del fiscal Daniel Vivanco, co titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas Departamental, quien decidió el archivo de la causa 219.194, una de las que había surgido tras la interpelación al intendente Carlos Selva y que tenía que ver con la autorización que este había dado para que se arrojen residuos cloacales de la vecina ciudad de Luján en Mercedes, algo que está expresamente prohibido por ordenanza. El concejal Torres, quien además se presentó en la causa como particular damnificado, aseguró que apelará la medida. Y dijo que seguirá a fondo con estas denuncias, en la búsqueda de una fundamentación concreta y tratando de sortear las diferentes dilaciones que se plantean.

“Vamos a presentar una apelación, por la violación a la ordenanza explícitamente reconocida por el intendente, y de las normas de la Constitución Nacional a la Provincial y a las leyes nacionales y provinciales de protección del medio ambiente, que están todas violadas por la decisión irregular del intendente con plena conciencia de sus actos”, afirmó Torres, para quien esto genera “inquietud” por cómo trabaja la justicia en estos temas.

“Voy a pedir que se lo cite a declarar al intendente municipal, como imputado, y que dé explicaciones y el proceso avance. Esto se está eludiendo, hay elementos suficientes y se trata de dilatar todo”, opinó Juan Manuel Torres.

“Yo me presenté como parte en el juicio por las demoras, pedí que se me pusiera como particular damnificado para poder intervenir en el proceso. En primera instancia se me rechaza el pedido, apelé a la Cámara y se me dio la razón diciendo que estoy plenamente habilitado. Luego de esa resolución y sin darnos tiempo a ejercer ninguna facultad el fiscal vuelve a declarar el archivo de la causa casi con los mismos fundamentos que esgrimió en el primer archivo que dispuso, con algunos agregados donde hace una declaración un ex funcionario municipal y especialista teóricamente en medio ambiente y contaminación. Este habla de la autodepuración del río y de que en la forma en que se depositan desechos cloacales en estructuras como la municipal comienza una especie de depuración aunque no hubiera planta depuradora. E incorpora un concepto que dice que todas estas cuestiones son de un grave riesgo para la población y de perjuicio para el medio ambiente. Pero ese argumento se toma como variante por parte de la Fiscalía, y es dado por alguien que puede ser responsable del delito que se está investigando, por lo que no es un elemento suficiente para disponer por un lado el archivo inmediato de la causa y por otro lado dejarme afuera de la posibilidad inmediata de ejercer el derecho que se me había reconocido”, explicó el concejal de la UCR.

“Esta situación genera inquietud por no decir algo más, porque inclusive estos dichos del ex funcionario municipal, que eventualmente puede ser responsable del delito, deberían haber sido materia de dictamen pericial. El perito es un tercero ajeno al juicio que hace precisiones, y eso se obvió”, criticó Torres, para quien existen dos cuestiones que están mezcladas y pareciera que la Fiscalía no alcanza a comprender: “Una es el tema del delito del medio ambiente, que quizás exija mayores pruebas, y otro el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”, según el concejal.

“En la apelación vamos a sentar fundamentalmente el incumplimiento de deberes del intendente, con la doctrina de que es un delito formal que se configura por el solo hecho de la violación por un funcionario de una ley o disposición vigente, más allá de que cause o no perjuicio. Es un concepto muy preciso, claro y terminante. Voy a fundar el recurso para que se desarchive la causa e inmediatamente voy a pedir que se lo cite a declarar al intendente municipal, como imputado, y que dé explicaciones y el proceso avance. Esto se está eludiendo, hay elementos suficientes y se trata de dilatar todo”, opinó Juan Manuel Torres.

Por otra parte y teniendo en cuenta que la denuncia fue realizada por el Cuerpo Deliberativo en su conjunto, se le preguntó a Torres si encontró solidaridad en sus compañeros, a lo que dijo que no: “En algún momento conversé con alguien pero seguí solo porque son cuestiones básicas desde el punto de vista de la responsabilidad. Como concejales tenemos que dar respuesta a los intereses que hacen al orden público. La Cámara Penal dice que yo como ciudadano y como concejal estoy habilitado para ejercer la representación de los derechos del interés general, entonces el Concejo Deliberante dispuso la interpelación y las denuncias y luego quedo ahí nomás. En mi función debo cumplir en los términos absolutos, por lo que seguiré solo en esta causa y en otras, ya que hay 2 más que están bastante demoradas y con elementos suficientes como en el caso del canal de la 16, con la contaminación industrial donde se pidieron medidas que están demoradas. Es un deber hacerme cargo de los intereses generales dados los poderes que la ciudadanía me dio. No hay un compromiso del conjunto pero yo voy a seguir. Mi intención es que haya un proceso regular y una decisión concreta y debidamente fundada”, completó Torres.