Representantes del Grupo de Jubilados Independientes (GJI) de Luján serán recibidos mañana miércoles por las máximas autoridades del Arzobispado Mercedes – Luján. Los miembros del GJI entregarán al arzobispo Agustín Radrizzani y al vicario Jorge Bruno una nota en la que insisten en su reclamo por la movilidad de los haberes jubilatorios y recuerdan que, con ese objetivo, el  l5 de noviembre de 2007 presentaron en el Juzgado Federal de Mercedes un Recurso de Amparo colectivo suscripto por 800 jubilados/as y pensionados/as.

“Tiempo después recurrimos a Ustedes y tuvimos una entrevista de la cual guardamos muy lindos recuerdos”, recuerdan desde el GJI y piden a los obispos que les informen “si han dado algún paso en el sentido anteriormente mencionado y en qué consistió”. “Somos parte de vuestro ‘rebaño’  y reiteramos nuestra necesidad de ser protegidos”, señalan.

En referencia al trámite judicial, el GJI informó que “solamente uno de nuestros abogados patrocinantes, (una cuarta parte de los recursos presentados), ha pedido sentencia”. “Los restantes, aún no lo  han hecho por algunos ‘requisitos’ pedidos por el Juzgado, y que aún están tramitando con no poca lentitud, ya que para nosotros el futuro es hoy”, indicó.

Junto a la Mesa
En el cierre de la nota dirigida a Radrizzani y Bruno, el GJI hace suyo el Comunicado Nº 890 de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, cuyo Secretariado integra.

En ese documento se denuncia que “los jubilados y pensionados somos objeto de discriminación desde el punto de vista más elemental: bajos haberes y atención de enfermedades de muy mala calidad”.

“Al igual que el resto de las obras sociales, la adhesión al PAMI es compulsiva, pero llamativamente a diferencia de aquellas los afiliados no tienen derecho a elegir libremente a sus representantes, transformándolos en una población cautiva”, expresa la Mesa y protesta porque “somos simples aportantes sin derecho y el Instituto es la caja negra de los gobiernos de turno”.

“EL PAMI debe ser administrado y dirigido por sus propios dueños, los trabajadores activos y jubilados”, puntualiza.