Tras siete años de ocurrida la masacre del puente Pueyrredón, un grupo de policías bonaerenses ha quedado como responsable de los asesinatos de Maximiliano Kostequi y Darío Santillán. Nada se ha avanzado en el esclarecimiento de las responsabilidades políticas de los funcionarios que desde el Estado nacional y provincial organizaron no sólo la masacre sino también la “versión oficial” de que los piqueteros se mataron entre ellos.

El 26 de junio del año 2002 quedará en la historia como la jornada en que todos los aparatos represivos del Estado, tanto como sus servicios de inteligencia, trabajaron para  intentar salvar los intereses de las clases sociales gobernantes atacando la unidad lograda en las calles entre el poderoso movimiento de los trabajadores desocupados, los estudiantes, los sectores medios y los obreros.

Aquel día el movimiento piquetero se movilizó en reclamo del histórico subsidio a los trabajadores desocupados, en medio de una fenomenal crisis política. Desde varios días antes el ministro de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof, en constantes declaraciones mediáticas fue preparando el terreno para engatusar a la población con el supuesto enfrentamiento armado y la “necesidad de reprimir violentamente el corte del puente Pueyrredón”. A esta campaña se sumaron prestos tanto el entonces gobernador duhaldista Felipe Solá, como el inefable Aníbal Fernández.

De no haber sido por la tarea de la prensa que mostró el asesinato a sangre fría de Darío y Maxi por parte de Franchiotti y sus cómplices, la versión oficial se habría impuesto y el plan armado habría resultado. Aún así personajes como el periodista Leuco que por Radio del Plata, a minutos del asesinato difundían la versión oficial de “se mataron entre ellos” fueron funcionales a la política de Duhalde. No se quedaron atrás sujetos oportunistas como Luis Delía o enemigos declarados de los desocupados como Marta Maffei, quien nunca reconoció su error.

Finalmente la masacre de Puente Pueyrredón se esclareció completamente  transformándose en un eslabón más en la larga cadena de asesinatos del aparato represivo del Estado al servicio de los poderosos. Ayer fueron 30.000 argentinos desaparecidos por la dictadura militar, pero son muchos, demasiados, los caídos víctimas de gobiernos que se dicen democráticos pero que defienden ante todo la dictadura del capital. Miguel Bru, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, todos los caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001 y la obscena desaparición de Jorge Julio López son sólo algunos de los tantos casos de crímenes políticos que hoy siguen impunes.

Juicio y castigo a los asesinos de ayer y de hoy. Juicio y castigo a los autores intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón.