Mediante un comunicado de prensa, el Grupo de Jubilados Independientes (GJI) de Luján reiteró su “inquebrantable voluntad de luchar para que nuestra obra social sea dirigida y administrada por sus auténticos y legítimos dueños que somos los jubilados y los trabajadores”.

El GJI se expresó de esta manera ante el desalojo y cambio de interventor de la U.G.L. XXXII (INSSJP-PAMI local) ocurrido esta semana. “Resulta obvio que todo lo que nos ocurre podría haber sido evitado y resuelto en tiempo y forma”, indicó y advirtió que la nueva situación “nos traerá aparejada, sin dudas, perjuicios económicos e incomodidades adicionales”.

En el escrito, el GJI recordó que “el 13 de mayo de 1971, por ley 19.032, nuestros mayores que nos precedieron en el tiempo y en la lucha, crearon nuestra obra social como ente público no estatal, con el objeto de prestar cobertura a todas las necesidades de la vejez”.

“Al igual que el resto de las obras sociales, la adhesión al PAMI es compulsiva, pero llamativamente a diferencia de aquellas los afiliados no tenemos derecho a elegir libremente a nuestros representantes, transformándonos en una población cautiva”, destacó el GJI y puntualizó “la imperiosa necesidad de democratizarlo para que cese ‘la dedocracia’ y el ‘paracaidismo’”.

“¿Adonde van a parar los ingresos previstos, que provendrían del 3 por ciento de los haberes en las mínimas y el 6 por cuento de los que la superasen, el 3 por ciento de los trabajadores en actividad, el 10 por ciento neto de la Lotería Nacional y aportes del Tesoro Nacional y el 5 por ciento del ingreso presunto de los Autónomos?”, interrogó y señaló que “la ley fue modificada en julio de 2002 por la ley 25.6l5 que establece que el contralor estará a cargo de una sindicatura que funciona dentro de la institución, quedando la auditoria externa a cargo de la Auditoria General de la Nación”.

“Hace varios años que el PAMI no entrega balances, nosotros somos simples aportantes sin derecho y el Instituto es la caja negra de los gobiernos de turno, los servicios médicos asistenciales son deficientes y nos han transformado en banco prestamista manejado a su antojo por el Estado, que siempre y bajo todos los gobiernos han optado por groseras intervenciones, directas o disfrazadas, como ahora, de Direcciones Ejecutivas valiéndose de artilugios legales”, repudió el GJI y destacó que “lo que sucede en Luján, es una peripecia más que debemos atravesar y sucede en el marco cuya síntesis acabamos de efectuar”.

Firmaron el comunicado Braulio Cabrera, Santiago Basso y José Pedro Bonvecchi.