Mediante un proyecto de resolución, desde el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical insisten con las cuestiones relacionadas a la rechazada iniciativa de creación de una Oficina de Procuración Municipal. Ahora realizan un pedido de informes.

Entre los vistos y considerando se marca la reciente presentación de un proyecto de ordenanza destinado a crear una Oficina de Procuración Fiscal Municipal, cuyo objetivo era “dotar a la Comuna de una estructura que, con personal capacitado y medios adecuados, fuera apta para desarrollar una tarea focalizada y persistente en el tiempo, que trascendiera aún a la actual gestión, tendiente a poner en práctica una política eficaz en materia tributaria hoy inexistente, lo cual deviene en una declinante recaudación y una consecuente limitación de las posibilidades del Municipio de prestar adecuados servicios a la población”.
 
“Tal propuesta atendía un criterio de justicia tendiente a que quienes están en condiciones de pagar lo hagan, abriendo así la posibilidad de evitar o moderar el mecanismo facilista de aumentar las tasas para poder cubrir el presupuesto, aumentos que finalmente terminan recayendo en el esfuerzo de un limitado e insuficiente porcentaje de quienes integran el universo de obligados”, se agrega.    

“Con un padrón actualizado sistemáticamente es posible determinar, mediante una política eficiente, quiénes deben pagar y quiénes deben, en todo caso, fundadamente ser eximidos de esa obligación”, se apunta y se indica que para obtener esos resultados se entendía como necesaria una “tarea personalizada y permanente con los contribuyentes tendiente lograr que tomen conciencia,  quienes están en condiciones de hacerlo, el contenido solidario que implica el cumplimiento de sus obligaciones, porque de ello derivan las posibilidades para que el Estado pueda dar cumplimiento a sus deberes de atender todo aquello que haga al interés general de la población”.

El concejal Juan Manuel Torres, explica que dentro de este esquema la vía judicial era contemplada como la última instancia, el último recurso, al cual acudir agotados todos los mecanismos, por cuanto la instancia judicial siempre resulta la más gravosa, tanto para la Comuna como para los administrados, por los esfuerzos que implican como por la demora en los tiempos que insumen, como en los reales resultados económicos y aún aquellos vinculados a la convivencia deseable.

A todo esto el edil remarca su sorpresa al enterarse de la contratación celebrada por el municipio con abogados externos para perseguir el cobro. “Surgen  interrogantes sobre el basamento conceptual que inspira la decisión tomada por el Ejecutivo y sobre su legalidad”, apunta Torres.

Mediante el proyecto de resolución presentado, se solicita un informe sobre “cuál es el diseño y el sentido de la política tributaria encarada por el Ejecutivo y cuáles son las razones que fundamentan, dentro de ella, la contratación de abogados externos para perseguir el cobro de sus acreencias”. Además se pide que se remitan “todas las actuaciones administrativas en virtud de las cuales se procedió a la contratación mencionada”.