La intendenta de la vecina ciudad de Luján, Graciela Rosso, anunció que iniciará acciones legales contra Curtarsa y cuestionó la postura del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible tras la reunión que mantuvo ayer jueves 22, con directivos de esa empresa en la Secretaría de Ambiente de la Nación.

El titular de este organismo nacional, Homero Bibiloni, estuvo presente en el encuentro que contó también con la presencia de la secretaria de Gobierno, Ofelia Sendes, la secretaria de Legal y Técnica, María Elba Thompson, el concejal Mauricio Molinero, otros funcionarios comunales y la vecina de Jáuregui, Regina Palomar, integrante de la Asociación Eco Vida en el Oeste Bonaerense (AEVOB). Aunque faltaron los representantes del OPDS. 

“Le pedí un encuentro al gobernador Scioli para comunicarle lo que pasó en esa reunión. Y solicitamos a Nación que, en el marco del Consejo Federal de Ambiente, reclame explicaciones a la provincia de Buenos Aires de por qué tiene esa actitud con Curtarsa y por qué al Municipio de Luján ni siquiera le contesta las comunicaciones que realizamos”, dijo la jefa comunal y recordó que este cónclave se llevó a cabo en el marco del acta de compromiso firmado en marzo. “La empresa no cumplió con los acuerdos e, incluso, el OPDS decidió realizar el monitoreo ambiental sin nuestro acompañamiento según lo previsto”, apuntó. “El momento y el lugar en que se mide la contaminación es determinante”, sostuvo Rosso.

“La Universidad de La Plata es la institución encargada de realizar los estudios, el OPDS le solicitó las mediciones sin que ésta pueda emitir opinión, marcando qué es lo que les interesaba medir y sin consultar al Municipio. Tampoco se recategorizaron los barros como estaba acordado. La semana pasada hicimos una inspección donde se constató que Curtarsa producía con una tecnología que había salido de funcionamiento y que es absolutamente necesaria para que no haya olores. En esas condiciones no se puede producir. La ley es clara”, dijo luego la jefa comunal de Luján.

“La empresa aduce que una tormenta hizo volar el techo y se dañó un equipo. Sin embargo, pusieron una cantidad de cueros a procesar que excede la capacidad que tienen para esa tarea. Eso generó olores por una sustancia toxica (sulfhídrico) y, en esas condiciones, se tiene que parar toda la producción”, destacó Rosso.

La intendenta Rosso también reveló que Curtarsa recién ahora va a poner en funcionamiento ese equipo. “No andaba desde mayo y lo quieren reparar antes del 12 de noviembre, cuando se le vence el Certificado Ambiental. ¡Oh, casualidad!”, exclamó  la intendenta, quien indicó que el certificado lo recibió la empresa, por primera vez, en el 2007, después de las elecciones generales en las que las anteriores autoridades comunales resultaron derrotadas.

“Para sorpresa de los que estábamos en la reunión, el abogado de la curtiembre con el fin de no llegar a ningún arreglo dijo que quieren poner en funcionamiento el horno. Es ilegal que ese horno funcione porque no es de deshidratación sino para eliminar barros que quedarían en el suelo como materia contaminante. Otra ilegalidad”, sentenció Rosso.

Graciela Rosso reafirmó que los reclamos los seguirá ahora por dos vías: la administrativa y la legal. “Acá hay un daño claro a la salud y al ambiente. No entendemos por qué no actúa la provincia ni por qué ayer no fue a la reunión. Tampoco concebimos por qué recién ahora la empresa insiste en realizar las correcciones que bien sabe las tendría que haber efectuado en mayo. Curtarsa violenta las leyes y lo que prima es resguardar la salud del pueblo y evitar la contaminación del ambiente”, dijo y opinó que el gobernador Daniel Scioli debe “desconocer la actitud que está tomando el OPDS”, que conduce Ana Corbi. “El gobernador siempre mantuvo una postura firme en defensa del medio ambiente”, adujo en este sentido.

“En el organismo provincial hay abogados que, en el caso que nos compete, tienen una posición clara en contra de las normas vigentes. No vamos a permitir que funcionarios públicos quebranten la ley. Siempre defenderemos los derechos de los ciudadanos de Luján”, agregó luego.

“Curtarsa se cree dueña de la vida de una población. Y es sólo una empresa y nosotros el Estado. Que cumplan con todas las normas o que se vayan a producir a Italia a ver si allí pueden”, afirmó Graciela Rosso.

En ese contexto aseguró que “durante mi gestión dimos claras demostraciones de que no vamos contra ninguna empresa. Ni tampoco queremos perjudicar a los trabajadores. La única que atenta contra las personas es Curtarsa. Por eso pedimos ayuda a la Nación para realizar los `próximos monitoreos”.

Finalmente Graciela Rosso sospechó de las promesas de la curtiembre de dar una solución a los problemas en los próximos días: “Cuando uno miente una vez, miente casi siempre. Y esta empresa viene mintiéndole a Luján desde hace años”, dijo, tajante.