REGINA PALOMAR: "Los perjuicios son totales"

Este sábado habrá una reunión entre los vecinos y las autoridades en el Club Flandria para tratar sobre la situación conflictiva entre el pueblo y la curtiembre Curtarsa. “Es la primera vez que desde el municipio se toma una postura tan clara, a favor de los vecinos, de las ONG y la gente que trabaja ahí adentro, que tienen sus consecuencias”, destacó ante este medio Regina Palomar, vecina de Jáuregui que es integrante de la Asociación Eco Vida en el Oeste Bonaerense. “Habrá una reunión de todo el pueblo con la intendente, que va a exponer las acciones a seguir con respecto a esta empresa que siempre trabajó fuera de la ley y nunca se dijo”, afirmó.

Palomar y varios vecinos de Jáuregui hace 15 años están constituidos como ONG y vienen haciendo denuncias por los olores, la contaminación del suelo, del agua y del aire: “Tenemos casos de gente contaminada en el pueblo, hay un incremento muy importante de los casos oncológicos dentro de la localidad, donde los fallecidos por cáncer superan la media nacional. Venimos denunciando muchas cosas, aparte del trastorno de la devaluación de los propiedades”, explicó Regina Palomar.

La mujer aseguró que finalmente la Municipalidad va tomar acciones en la justicia penal porque “la provincia desde el OPDS no cumple con el rol de control de estas empresa de tercera categoría”: “El municipio puede actuar, como lo hizo, cuando ve peligro en alguna situación para la población. Estaban trabajando con una pileta que debe estar cubierta, al aire libre porque se le cayó el tinglado, producto de la misma corrosión que provocan los ácidos, y esas emanaciones gaseosas, que es el olor que se siente en Jáuregui, afecta la salud de la población. Eso es contaminación directa contra nosotros, por eso el municipio intervino y clausuró la pileta de sedimentos, y la provincia corroboró esta clausura”, indicó la mujer.

En tanto, por estas horas entre otras cosas se habla de que Curtarsa (actualmente de un grupo económico italiano) pasaría a manos de capitales brasileños. Para Regina Palomar, todos son “trascendidos”, que surgieron luego de las reuniones en las que participó como invitada por la ONG, y en las que también estuvieron autoridades ambientales, municipales y de la empresa: “Ellos no hablan de la venta, aunque se dice que hay un 70 por ciento que se estaría vendiendo. Pero no sabemos cuál es el criterio, porque el problema lo va a tener la persona que venga. Se venden los activos y los pasivos: el pasivo ambiental el que compra también lo compra. Y tenemos nuestras sospechas de que como la empresa también tiene empresas en Brasil, esto sea algo ficticio, no real. No es la primera vez que amenazan con irse, o dicen que van a vender. De cualquier manera eso no cambia en nada la situación nuestra: sean ellos los dueños o quien sea, la empresa está y funciona fuera de la ley”, dijo.

En cuanto a qué hacer con la industria, indicó: “Nosotros siempre propusimos una relocalización, y la intendente nos dijo que ella no piensa en la relocalización sino que cree que la empresa debe funcionar bien o cerrar. Porque para irse a otro lado a no cumplir con la ley no es lo lógico”.

En tanto, consultada sobre las personas afectadas, para saber si iniciaron acciones en la justicia, Regina Palomar reconoció: “Es muy difícil cuando tenés un enfermo en la familia, y no tenés medios y tenés toda la preocupación, iniciar acciones legales. Estas son muy complicadas y resulta muy difícil determinar si el cáncer vino por contaminación con algunos metales pesados, es muy costoso y complicado demostrarlo. Además a la gente no le gusta hacer acciones legales. La idea es que las autoridades hagan un estudio de salud, se fijen si está comprometida la salud de Jáuregui y actúen. Son los demás los que tienen que determinar si el pueblo tiene problemas. Nosotros dijimos lo que vemos, lo que nos parece, denunciamos los casos que hay, prestamos nuestra colaboración pero no somos los que podemos tomar las decisiones”.

En el ámbito judicial hay que recordar que en su momento por esta situación intentaron hacer un recurso de amparo. Pero el pedido fue desestimado. El amparo estuvo en el juzgado de Mercedes donde la jueza María Emilia Bossié no hizo lugar porque “olores siempre hubo en Jáuregui”: “Los abogados nuestros nos dijeron que es indudable que no hay deseos de solucionar el problema. Se hizo una mediación a nivel judicial con la empresa durante 2 años. Ellos reconocieron un montón de cosas pero dicen que no tienen plata para remediar nada, como remediar el sueldo, dejar de contaminar, sanear las cavas que tienen, y varios puntos”, explicó Regina Palomar.

Sobre los desechos sólidos, además la empresa reconoce que tiene terrenos en los que deposita sus barros, aunque ya no tendría capacidad de seguir volcando, según indica Regina Palomar: “El predio está totalmente colmado en su capacidad, ya se no puede volcar más ahí. Sabíamos que tiraban en el Ceamse, pero según ellos dicen esto es antieconómico, por eso quisieron instalar un horno para secar los barros ahí y nosotros nos opusimos firmemente y el municipio también. Porque la provincia ya le había dado el aval. Si llegaban a poner ese horno la contaminación era peor”.

Por otro lado, la vecina destacó que a mediados del mes de noviembre a Curtarsa se le vence el certificado de aptitud ambiental. “Esta empresa no pudo conseguir nunca el certificado de aptitud en todos los años que trabajó. Y casualmente se lo entregaron el 22 de noviembre de 2007, cuando las autoridades que se iban habían perdido las elecciones y dejaban el gobierno, como un último favor”, opinó.

En el documental “Escupiendo al cielo” la empresa misma reconoce que el río se debe llevar los desechos que la industria genera: “Ellos consideran que el tajamar que tenemos hace que el cromo quede ahí estancado, entonces si no estuviera eso el cromo se iría al Río de la Plata, o sea que lo contaminaría, se llenaría el lecho del río. Eso es lo que ellos creen”, según Palomar.

Para la vecina es claro de que no hay manera de este tipo de empresas hagan una producción limpia, por lo tanto considera que deben estar lejos de las áreas pobladas: “Son empresas de tercera categoría, no pueden estar en un pueblo. Tienen que trabajar a no menos de 20 kilómetros de una localidad. Lo que pasa es que esa empresa se puso ahí, entonces no había forma de solucionar el problema, así se hizo el Plan regulador (zonificación) y tuvieron que decir de la calle para acá es pueblo y para allá industria”.

En cuanto a las industrias de tercera categoría hay un decreto que las prohíbe en todo el Partido de Luján, donde no se pueden instalar más. “Esto se decretó y ya se aprobó. Fue el año pasado y tenía que ver con este tema y con que en el Parque Industrial de Flandria mientras protestábamos por esto se metieron dos o tres empresas más de tercera categoría. Si luchamos contra una que nos hizo semejante daño no sigamos poniendo empresas de este tipo en el medio de la ciudad”.

A Regina Palomar se le señaló que en la ciudad de Mercedes esta discusión sobre las empresas de tercera categoría no se dio, y que este tipo de industrias se siguen instalando: “Yo que el pueblo de Mercedes empezaría a luchar para que no las instalen. Porque después que están instaladas es muy difícil sacarlas y los perjuicios son totales. No sabe la población lo que le espera con una empresa de tercera categoría. Pasan los accidentes y nadie es responsable. Acá lo que falla es el mecanismo de control”, completó y recordó que este sábado a la reunión en el Club Flandria están todos los vecinos invitados. Será desde las 18.30 en la calle España 245 de Jáuregui.