El doctor Alfredo Bani, un abogado que tiene en sus manos varios casos relacionados con el accionar de la Municipalidad de Mercedes a través de sus distintas esferas, se encontró en un expediente con la posibilidad de que una de las firmas, la del contador municipal, haya sido falsificada, y además como le negaron información sobre otra de las irregularidades que detectó, pide al juez que no homologue el convenio en cuestión, y realiza una denuncia penal en la que habría un concurso de delitos.

Se trata de una denuncia relacionada con un expediente municipal, sobre apremios, que se tramita en el Juzgado 4 y fue iniciado en el año 1998, más precisamente el 12 de junio. A este juicio Bani lo venia siguiendo, en una especie de “control de gestión” que realiza: “Cualquier ciudadano puede ser el concejal 19”, opina, “aunque esto a veces moleste a los concejales en ejercicio. Yo lo hago con el afán de colaborar desde afuera. Los ciudadanos debemos hacer docencia y control de gestión. Hay una herramienta de trabajo que es el acceso a la información pública. Cualquier persona se puede transformar en el concejal 19 haciendo un control de los actos de gobierno y reforzando la democracia”, agrega Bani.

Y luego enfoca la situación: “Yo a este expediente lo venía siguiendo, es uno más de los tantos que hay sobre apremios. Lo seguía sigilosamente y de golpe veo que a la persona que está siendo demandada la Municipalidad no la podía ubicar e intenta ser suplantada por un tercero, algo que es válido, pero la primera anormalidad es que se intenta homologar un convenio con fecha noviembre de 2008. A más de 10 años aparece un tercero y por sorpresa el convenio está hecho a valores históricos. En la Argentina no había habido inflación”, dice Bani y pasa a analizar el convenio, “firmado por un vecino del que me gustaría preservar su identidad, que está haciendo una posesión veinte añal e intenta reforzar su derecho, y también firmado por el jefe de recaudación por quien pongo las manos en el fuego, al igual que lo hago por el vecino. Luego yo no digo que el resto de los participantes del convenio hayan cometido un delito, pero hay que investigarlo. Este convenio, más allá de que se firme a valores históricos, tiene una particularidad”

De esta “particularidad” surgirá la consulta al Tribunal de Cuentas y la judicialización en el fuero penal.

La primera denuncia se hace el 1 de febrero de 2010 en el Honorable Tribunal de Cuentas y allí se le advierte al Juzgado que no homologue el convenio porque puede haber una dificultad.

Luego, el 16 de febrero de 2010, se presenta una denuncia criminal para que se investigue la posibilidad de la comisión de delitos penales, e incluso asociación ilícita. “Esta denuncia penal radicada fue para la UFI 2, pero debería ir a Delitos Complejos y al Juzgado de Garantías Número 1. Esto es grave porque en el convenio firmado el 7 de noviembre de 2008 aparece la firma del deudor, la del jefe de recaudación, son sus firmas. Pero luego en el lugar del intendente aparece firmando el contador Rodolfo Berardo, que es secretario de Gobierno. Puede haber una delegación de facultades y hemos pedido por la ley de acceso a la información pero lo estamos esperando, lo que aumenta la sospecha. Si el intendente delegó esa tarea tenemos que atarnos a la legalidad y la forma o el acto es nulo. Y también en otro casillero figura la firma del contador municipal pero a simple vista y sabiendo que la firma de Roldán es compleja y con una grafía amplia, se nota que no es la firma de él”, según Alfredo Bani.

Además, si se firma un convenio, el primero que debería intervenir es el contador, ya que es el que certifica que existe la deuda, por eso esa firma evidentemente habría sido impresa con antelación. Pero luego se pueden ver algunas posibilidades, que Bani explica: “Que haya firmado Berardo en una responsabilidad que no le cabía y nunca haya firmado el contador; si le llevaron el convenio en mano porque no hay expediente, Berardo que es un avezado profesional debería haber advertido que la firma del contador no era tal, se tendría que haber dado cuenta. No es la firma del contador y se la pueden haber falsificado”, dijo comparando con la firma verdadera del contador la grafía que figura en el contrato, totalmente diferente, ni remotamente parecida.

Bani asegura que la documentación que tiene no está en su estudio sino resguardada. “Tiene valor porque es fotocopia fiel del documento que se presenta para homologar en el juicio de apremio. Cuando uno advierte semejante trasfondo jurídico se solicita al Juzgado que saque fotocopias auténticas y las certifique, y se resguardan los originales en la caja fuerte del Juzgado. La pelota en cuanto a la existencia, inexistencia o preservación del documento está en manos de la secretaria y del doctor Marcelo Valle. He hecho presentaciones en el expediente, reitero que no se homologue pero me dicen que no soy parte y yo les expliqué por qué si lo soy. El juez si lo homologa sabrá por qué camino va a transitar. Hay una denuncia al juez de que hay una denuncia en el Honorable Tribunal de Cuentas, otra denuncia en el fuero criminal y si aun así persistiere en homologar el convenio sería un escándalo jurídico. Hay una cuestión que es la prejudicial: ante una denuncia penal todo lo que sea civil y relacionado con esa denuncia se debe detener hasta que no se resuelva lo penal”, comenta Bani.

El abogado afirma que está dispuesto a llegar con este tema a la Corte Suprema de Justicia si se homologara el convenio ante la denuncia que realiza, y que implicaría faltas en incisos varios de los artículos 174, 246 y 248, 296 y 298 del Código Penal. En resumen, se trataría de un concurso de delitos y podría haber asociación ilícita.