La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de solicitud de informes en el que se pretende saber el funcionamiento de las agencias de seguridad privada en territorio de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa presentada por el diputado bonaerense del GEN, Juan Carlos Juárez, pregunta al Ejecutivo de la provincia, cuántas empresas se han registrado, cuáles son los medios técnicos y materiales autorizados por el Ministerio de Seguridad para que sean utilizadas por parte de las empresas prestadoras de los distintos servicios de seguridad privada; y cuántas personas contratadas por las empresas de seguridad privada se encuentran bajo investigación judicial o cumpliendo condenas por delitos cometidos durante el desempeño de sus funciones.

Asimismo, el gobierno bonaerense deberá explicitar cómo está organizada la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada, especificando el acto administrativo que dispuso su creación, misiones y funciones, planta de personal permanente y si lo hubiere del personal contratado, cantidad de personas destinadas a realizar inspecciones, presupuesto asignado, número de inspecciones realizadas durante el año 2009, cantidad y tipo de infracciones sancionadas en el año 2009; y cuántos son los barrios cerrados existentes en territorio provincial y en cuántos de ellos se ha producido hechos delictivos.

El diputado bonaerense recordó que en diciembre de 2007, ya se había dispuesto la intervención de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada. “Cuando la intervención de un área del gobierno, que debería ser un hecho excepcional, se transforma en una práctica habitual nos tenemos que preguntar si no estaremos ante una incapacidad absoluta para resolver los problemas estructurales de la seguridad pública, si estos actos no responden a un acto demagógico o ambas cosas a la vez”, manifestó el legislador de la primera sección electoral.