El Gobierno Nacional adjudicó nuevamente los corredores viales nacionales cuyos contratos estaban vencidos desde el 1º de noviembre de 2008,  bajo el nefasto régimen perverso de falso peaje con cabinas de cobro en ruta, y sin convocar a una audiencia pública “vinculante” donde los usuarios viales puedan expresar sus reclamos y alternativas.

Es por ello que el CONADUV manifiesta:
           
- Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal, discriminatoria  y anticonstitucional, la decisión del Gobierno Nacional de insistir con el sistema perverso de impuesto al tránsito o “falso peaje” con cabinas de cobro en ruta en caminos de dominio público ya existentes y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los Fondos Específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes) generadores de más de doce mil millones de pesos anuales ( $ 12.000 millones anuales). Lamentablemente gran parte de esos fondos son malversados y desviados por el Estado Nacional para beneficiar sectores privilegiados de poder, y no destinados a los fines para lo cual originariamente fueron creados.

- Que antes de continuar con este sistema de falso peaje inédito en el mundo, para sólo mantenimiento y sobre rutas ya existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago, resulta imperioso reflexionar que así se sigue atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados, representaciones de usuarios y asociaciones vecinales.

- Que las rutas nacionales y provinciales de nuestro País son de baja densidad de tránsito, motivo por el cual la gran parte de ja recaudación es destinada a la instalación de las cabinas de peaje, su mantenimiento y administración, sin llegar plata al camino para las mejoras necesarias, lo cual hace antieconómico el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta. 

- Que los diferentes subsidios o compensaciones a las tarifas que se siguen efectuando, determinaron un cuadro tarifario totalmente discriminatorio e irregular en el que los automóviles y vehículos livianos subsidian con el pago de su peaje al transporte de cargas inscriptos en el RUTA y a los micros de larga distancia, puesto que tanto los camiones como los ómnibus cuentan con el 100 % de descuento, es decir, que no pagan peaje

- Que se permite cuestionar estas concesiones escandalosas, solicitando a la Sra. Presidenta de la Nación quiera disponer se realice en forma urgente el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de peajes y de aduanas interiores, y el costo social que implicara el proyecto de continuar con un régimen de peaje antieconómico, ilegal, injusto, discriminatorio y anticonstitucional.

- Que esta poca transparente nueva licitación y adjudicación de los corredores viales  que llevó a cabo el Gobierno Nacional, está otra vez direccionada a favorecer a los concesionarios viales del club de peaje y a quienes disfrutaron durante más de 20 años de beneficios extraordinarios, constituyendo una nueva afrenta al interés de la sociedad en su conjunto.

- Que se lamenta de la gran indiferencia manifiesta por parte de Legisladores, Gobernadores, Intendentes, Concejales, quienes haciéndose los distraídos ante un tema tan importante como lo es la infraestructura vial, no se dan cuenta que la misma debería considerarse Política de Estado.

El CONADUV propone:

1) Implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del País, exhortando al Gobierno y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes de los fondos viales que con tanto esfuerzo aportan los usuarios viales cada vez que cargan combustibles, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras ni aduanas interiores, y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales.

2) Rejerarquizar la actividad de la Dirección Nacional de Vialidad, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de las rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizado, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola  en el Organismo Rector de la Política Vial Nacional y Provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros Organismos.

Si la política vial definida por la Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es política de Estado y los caminos son bienes de dominio público, pagados en su totalidad con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de seguir adoptando decisiones apresuradas, arbitrarias y antidemocráticas, debería escucharse a quienes pagan los caminos y tienen propuestas mucho mas adecuadas a la realidad social que vive el país.

Recuperar las rutas por parte del Estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina, y a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía.

Para lograr una importante reducción del numero de accidentes de tránsito en las rutas nacionales y provinciales, no sólo basta poner en práctica un programa serio de educación vial y efectivos controles en los caminos de nuestro país, sino también implementar un verdadero proyecto vial nacional que contemple toda la red caminera con las obras de infraestructura necesarias en todas las rutas del territorio argentino.

 

* Ricardo Lasca es integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Para mayor información: (011) 15-4435-9162. Buenos Aires