Los gremios ATE, AJB y Cicop a través de la Central de los Trabajadores Argentinos que integran, denuncian penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público al gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y CTA, Hugo Blasco, Secretario General de Asociación Judicial Bonaerense y Hugo Amor, Secretario General de CICOP, junto a Marcelo Ponce Núñez, abogado de la CTA, se presentaron en la Fiscalía Nº 8 de Asuntos Especiales de La Plata para ratificar la denuncia penal ante la falta de respuesta de la Provincia de Buenos Aires en las equiparaciones de las asignaciones familiares con respecto a la Nación.

A pesar de que el piso de las asignaciones, en el orden nacional, se incrementó a 180 pesos, el ejecutivo bonaerense recién estableció la equiparación el 1 de marzo pasado, violando lo establecido por el artículo 26 de la ley 10.430.

Hugo “Cachorro” Godoy, en conferencia de prensa señaló: “Venimos a ratificar la denuncia penal contra el gobernador Scioli por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no ha cumplido con la obligación de equiparar las asignaciones familiares y les debe a los trabajadores de los distintos organismos del estado provincial cinco meses, desde octubre de 2009 a marzo del 2010, las asignaciones con los nuevos valores según estableció el gobierno nacional”.

“Las deben equiparar porque las asignaciones no son un concepto salarial, se pagan como concepto de seguridad social, por lo tanto, quien establece los montos y la modalidad de pago es el gobierno y el congreso nacional y las provincias junto con los municipios tienen la obligación de cumplir con esa norma. Lo único que puede ser modificado es a favor de dicha norma, o sea a niveles superiores de lo establecido a nivel nacional. Esto lo ratificó la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en agosto de 2002”, agregó Godoy.

Por último, el Secretario General de la CTA, sostuvo que “venimos a ratificar la denuncia y a solicitar a la justicia que se establezcan los medios necesarios para castigar a quienes incumplan los deberes de funcionario público”, y además aclaró que “si no hay modificaciones por parte del gobierno iremos a la legislatura provincial para que en ese ámbito se tome las medidas, porque no puede gobernar la provincia quien viole la Constitución Nacional”.

Por su parte, Marcelo Ponce Núñez, abogado de la CTA, se refirió a las consecuencias penales que podría sufrir el gobernador de acatarse la denuncia: “Si el fiscal entiende que es procedente la denuncia, el tema va a tener que necesariamente pasar por la legislatura porque hay que desaforarlo al gobernador; en consecuencia la investigación terminará y si es favorable cabrá una condena prevista por el Código Penal para este tipo de delito”.

En tanto Hugo Blasco señaló que “esto marca una actitud permanente de ignorar los derechos de los trabajadores porque acá no hay nada para discutir, esto ni siquiera es un problema de interpretación, acá hay que aplicar la ley como corresponde. Esto debería ser de aplicación inmediata”.

Y, por último, Hugo Amor enfatizó que “hay una gran falta de coherencia del gobernador, porque son rápidos para sacar y cuando hay que poner son muy lentos, por ejemplo con el impuesto a las ganancias. Cuando vamos a paritarias y lo planteamos nos dicen que es una decisión del gobierno nacional y que ellos no pueden hacer nada, y cuando llega una medida nacional no la aplican, esto parece una perinola, no pagan y toman todo”.