Una situación de violencia genera la exclusión de un alumno de la Escuela Técnica 1, y tras agotar las instancias administrativas en su reclamo, su madre espera tengan a bien garantizar sus derechos elementales a la educación o presentará un recurso de amparo.

El joven, que está “integrado” en uno de los segundos años, el 27 de mayo tuvo un altercado en la Escuela Industrial. Y desde entonces no puede ir a la Escuela con tranquilidad, ya que no se resolvió la situación que lo atemoriza y le quita la atención.

Ese día, a fines de mayo, por la mañana, al joven le robaron los pedalines de la bicicleta y por la tarde cuando fue al taller sus compañeros señalaron a otro de ellos como el responsable del robo. Este, al recibir el reclamo, aceptó habérselos sacado, pero dijo que se los quitaron a él a su vez y le pegó dos trompadas, por lo que el menor cayó al suelo y se desmayó, según cuenta su madre, Gabriela Verónica Martino, quien es docente y tiene el patrocinio del abogado Pablo Marson, que la defiende en este reclamo que de momento es extra judicial.

En el último escrito presentado ante la Dirección General de Escuelas, a través de Inspección, señala el suceso violento que tuvo por víctima a su hijo y que durante 72 horas estuvo internado en el Hospital a raíz de las lesiones que le infringiera un compañero de curso. “La convivencia dentro de la institución de ambos alumnos, induce a mi hijo a un estado de alerta que está contraindicado para sus patologías y que atenta directamente contra su salud, e indirectamente contra su derecho a aprender”, señala en el escrito, marcando que se trata de “derechos de orden supremo, consagrados en nuestras cartas magnas nacionales y provinciales, y receptados del mismo modo en tratados de derechos humanos con jerarquía internacional”.

La mamá del joven de 2º Año de Industrial, que es epiléptico, tiene déficit de atención y dislexia, con matrícula compartida con la escuela 503 y maestra integradora que lo ayuda en Industrial, recordó que al volver a la escuela y encontrarse con el compañero dentro del salón regresaron los problemas: “El le tiene miedo, y le afecta la presencia del otro. Aún no se resolvió nada. Yo hablé con la directora, y ella me dijo que los padres del otro chico labraron un acta que estaban de acuerdo para cambiarlo de escuela, la asistente se ocupó mucho, la escuela especial se ocupó como nadie, se buscaron estrategias, pero la inspectora distrital, Elsa Capurro, volvió todo para atrás”, cuestionó Martino e indicó que en este pesar, su hijo “cada vez estuvo peor”.

Es así que la señora Martino recurrió a distintas instancias e hizo varios trámites en distintos estamentos. “Lo que tratamos es que mi hijo se maneje de manera independiente y por sí solo, pero la inspectora distrital habla de la necesidad de un acompañante terapéutico, lo que no sirve porque todo lo trabajado hasta ahora se nos va al tacho. Todos esperamos su independencia”, indicó la mujer y explicó que no es simple canalizar este reclamo: “Yo estoy de acuerdo con un sistema inclusivo, en el que todos tengan derecho a estudiar pero dentro de ciertos parámetros lógicos y coherentes. Si un alumno pone en riesgo su vida y la de terceros no puede estar incluido libremente dentro de una institución, menos en una Técnica donde hay herramientas que para un chico con problemas se transforman en armas”.

“Desde mi punto de vista, el Estado tiene esta manera de justificar que todos estén en la escuela. Es una forma muy cómoda, les damos amplias libertades a los chicos y limitamos la autoridad o el desempeño de la escuela”, opinó luego, consultada sobre por qué cree que suceden estas cosas, en un marco donde la violencia se comienza a ver como algo común. “Hay lugares donde es peor. Las escuelas están llenas de violencia porque el Estado no les da herramientas ni a docentes ni a directivos para manejar las cosas, y baja directivas a inspectores para que incluyan o incluyan. Les piden a los directivos que busquen estrategias, pero llega un momento que no hay más estrategias”, según la mujer.

Martino el pasado día viernes estuvo charlando por última vez con la inspectora, aunque sin encontrar respuestas definitivas, recurrió a los medios de comunicación, y empezó por este para hacer la difusión de su caso. “A mi hijo no le dan las garantías para que no se deteriore su salud psicofísica”, expuso, e indicó que no desea llegar a realizar un pedido de amparo en la Justicia como próxima medida, pero si no queda otra, lo hará. “Ante la situación emergente hay acción, mientras nadie patalee se sigue una investigación, pero hay que darle una solución inmediata al problema. Yo lucho por la vida de mi hijo, del resto de los alumnos y de los docentes”, completó la mujer, quien pretende que se respete el derecho básico a estudiar: “No puede aprender un chico con déficit de atención cuando está usando la poca atención que tiene en cuidarse de que no lo maten en el aula”, puntualizó.

“Lo hago público por primera vez, traté de llevarlo por los carriles administrativos, pero en mi situación seguramente hay un montón de padres que no saben cómo defenderse. La respuesta que le da el sistema es ‘cámbielo de escuela’. ¿Por qué si mi hijo eligió estar en una escuela Técnica tiene que ir a un bachiller? Acá aconsejan que lo cambie de establecimiento para evitar conflictos, pero es injusto”, completó.