“Repudiamos las declaraciones de Jorge Rafael Videla en cuanto desconocer la jurisdicción de la justicia civil para juzgarlo”, indicó Omar Rojas, secretario de Derechos Humanos de la AJB. De esta manera, se dio a conocer el rechazo a las expresiones del dictador, nacido en Mercedes.

Sentado junto a Luciano Benjamín Menéndez y los otros veintinueve procesados por el asesinato de 31 presos políticos de la UP1 de Córdoba, Videla reivindicó el fuero militar, se escudó en los decretos de Isabel Perón y anticipó que no va a declarar.

“Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe”, dijo el ex general que encabezó el último golpe militar de la Argentina.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Rojas recordó que Videla “repitió que el Tribunal Oral de Córdoba ‘carece de competencia’ para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, además de reivindicar como su ‘juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas’ y anunciar que no va a prestar declaración”.

Cronología
Apenas asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, dictó el decreto 158, por el cual estableció el juzgamiento de las tres primeras juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El 13 de febrero del ’84, ante las demoras y la falta de voluntad demostrada por el tribunal castrense, se sanciona la ley que reforma el Código de Justicia Militar y habilita a la Justicia civil a intervenir.

El 11 de julio del ’84, la Cámara Federal le indica al Consejo Supremo que investigue si hubo violaciones a los derechos humanos. El 25 de septiembre es cuando el tribunal militar responde y califica como “inobjetables” “los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista”.

El 4 de octubre, la Cámara Federal desplaza a los jueces castrenses y se hace cargo del histórico juicio. Videla es condenado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, destitución del grado militar.

El ex presidente Carlos Saúl Menem lo indulta en 1990, ocho años más tarde vuelve a prisión por una causa de robo de bebés: pasa 38 días en la cárcel de Caseros y luego en prisión domiciliaria hasta que en 2008 lo recluyen en la cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo.