Los empleados municipales Antonio Enrique Tilli y Juan Martín Azcoitía realizaron una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, discriminación, asociación ilícita y falsedad ideológica de instrumento público. Esto así, luego de las polémicas cesantías de las que fueron objeto, entre una decena de empleados que estaban con licencia.

La denuncia penal realizada por los delitos mencionados es al intendente Carlos Selva, el secretario de Gobierno Sergio López y el subsecretario José María Nasso, así como al responsable de asuntos jurídicos del municipio.

En el escrito presentado en la justicia, Tilli y Azcoitía relatan que por los decretos 417 y 418 recientemente emitidos fueron dejados cesantes, cuando se encontraban “gozando de licencia por enfermedad psiquiátrica derivada de persecución laboral, discriminación salarial, incumplimiento de derechos laborales a nuestro favor, todos derivados de las leyes que regimentan el empleo público municipal y con el agravante que teníamos licencia otorgada por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, previo a ser tratados por la Junta Médica Provincial siendo que gracias a nuestra petición después de mucho tiempo fuimos derivados a la instancia médica superior, lo que deja en evidencia la flagrante mentira de los derechos de cesantía”. Y expresan, asimismo, que esa cesantía está “basada en decretos urdidos ilícitamente” por los denunciados, y están “plagados de mentiras fácticas y legales que derivan en actos administrativos inexistentes viciados por su insita ilicitud”, según el escrito, en el que marcan que esto constituye “actos discriminatorios, arbitrarios, persecutorios y producto de un concilium fraudes entre los funcionarios mencionados en claro detrimento de sus administrados”.

“Los casos similares fueron tratados de distinta forma”, indican, “a conveniencia del empleador y del poder público, lo que demuestra un trato discriminatorio y ajustado a las conveniencias políticas de los denunciados, pero igualmente ilícitos e inmorales todos”.

Por último, lo que recuerdan en el escrito es que denunciaron “penalmente al intendente y a sus colaboradores en distintas causas pertinentes a delitos cometidos en el municipio y que sembraron la desconfianza del poder hacia nosotros ya que los afectaba directamente a los funcionarios más altos del organigrama municipal”, tal cual indican citando los expedientes 256.792 y 2549/10, “además de los reclamos administrativos”.

De esta manera llaman a ratificar lo expuesto y permitirles ampliar. Este reclamo fue recibido este miércoles 11 de agosto de 2010 por Mesa de Entradas en la Fiscalía de Cámara y recibió el número de IPP (investigación penal preparatoria) 8.411 en la UFI Nº 3.