La concejal Inés Ghione, de la Unión Cívica Radical, es autora de un proyecto que ingresó en la sesión del pasado lunes, y fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad. Tiene que ver con el ejercicio de la prostitución en Mercedes y la trata de personas, a propósito del reciente operativo en un local dedicado al esparcimiento sexual en el que se habrían encontrado menores de procedencia extranjera trabajando, más precisamente de la República Dominicana.

Ghione quiere saber más datos de lo que se conoció a través de la prensa en un reciente caso que tuvo trascendencia internacional, y puntualiza en su proyecto, sobre la actividad en “El Ombú”, como se conocía a este sitio ubicado en la zona rural del Partido de Mercedes: “En dicho lugar se estaba ejerciendo la prostitución y presuntamente la trata de personas, detectándose ciudadanas dominicanas menores de edad que eran víctimas de dicho ilícito”.

Entre los considerandos de su proyecto, Ghione menciona que “el delito de la trata de personas no se consuma tan solo con la explotación sexual ni el trabajo forzado, sino que el mismo entiende también el traslado, el reclutamiento, el acogimiento y la recepción de las víctimas con la finalidad de explotación”, y que este delito “afecta directamente los intereses y la seguridad de la Nación, por tratarse de una criminalidad organizada, es decir que para su consumación cuenta con la colaboración –por acción o por omisión– de quienes están para detectarlas (policía, autoridades municipales, justicia federal)”. En este sentido menciona la ley 26.364 y la Convención contra la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, que castiga a toda persona que “mantuviera una casa de prostitución, la administrare a sabiendas, la sostuviere o participara de su financiamiento” y que “diere o tomara a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte del mismo para explotar la prostitución ajena”.

Asimismo, destaca la concejal que el “Procurador General de las Nación tiene dispuesto que las investigaciones de estos ilícitos deben de profundizarse en orden a identificar y enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento de este tipo de conductas” y que “no puede dejar de señalarse” que el intendente es “el jefe directo de la Policía Comunal”.

Mediante un proyecto de resolución se piden informes desde el Concejo Deliberante  para saber si “El Ombú” se encontraba habilitado, bajo qué rubro y desde qué fecha, así como quiénes figuran como propietarios. Se quiere saber, asímismo, sobre si hubo inspecciones, quiénes fueron los funcionarios actuantes y cuáles fueron los resultados. También si hubo clausura que se informe el motivo y si es temporal o definitiva, y por último si se han realizado actuaciones administrativas y/o denuncias penales.