Mediante una conferencia de prensa, concejales y referentes del Acuerdo Cívico y Social de Mercedes, junto a su abogado patrocinante, dieron a conocer sendos cuestionamientos legales realizados ante el funcionamiento de la fundición de plomo Merplac.

Las fuerzas que integran el ACyS, es decir la UCR, el GEN y la Coalición Cívica Ari, dieron a conocer su accionar ante un hecho en que hace mucho tiempo se viene trabajando y es la habilitación de una industria, Merplac, que desde su inicio fue cuestionada por estas fuerzas: “Creemos que hay dos motivos y uno es el cuidado del medio ambiente. Hablamos de una empresa que en el mundo entero está categorizada entre las peligrosas, y en Mercedes en el 2004 se sancionó una ordenanza prohibiendo la actividad en momentos es que esta empresa estaba clausurada. En 1997, cuando había solicitado factibilidad no terminó nunca los trámites de habilitación y funcionó en forma irregular hasta la clausura por falta de habilitación. Han pasado varias cosas, y nos encontramos con que de una manera que creemos no es la correcta está habilitada para su funcionamiento”, dijo en principio el concejal Jorge Retegui.

“Hicimos diferentes presentaciones, la primera ante el intendente Selva para que revea la medida ya que creíamos que había errores, uno de ellos era tomar como posible la factibilidad de 1997 cuando en 180 días se cae, y otro la delegación que hace el intendente para que sus colaboradores firmaran la habilitación. Pero ellos entendieron que era lo correcto y por eso fuimos a la justicia para que dictamine”, agregó el edil de la CC Ari.

“Lo primero que hicimos asesorado por los abogados que es tratar de suspender el acto administrativo presentando un recurso en el que le decimos al intendente que en el expediente están delegadas las facultades y no hay firma del intendente. Está firmada por el secretario de gobierno y el contador, y pedimos informes sobre esto, entonces Selva nos informa que delegó estas facultades en una determinada fecha pero no lo publicó, lo que es un error. Además al estar firmado y estar delegado el que firma debe aclararlo y en ninguna parte del expediente de habilitación existe esta constancia. Pero el intendente nos rechaza esto diciendo que actuaban bien. Por eso presentamos una medida cautelar en la justicia, porque consideramos que no debía funcionar la fábrica hasta que esta cuestión de fondo no estuviese resuelta. Creemos que está mal habilitada por la delegación comentada y porque hay una ordenanza que prohíbe la instalación de esta empresa, que dice que tenía una preexistencia con un certificado de factibilidad otorgado en 1996, pero eso vence a los 180 días y para nosotros la habilitación es totalmente nula porque se ha cometido una serie de errores al otorgársela. Y no creemos que esto pueda perjudicar al municipio porque la empresa sabía que tenía el certificado vencido y existía una ordenanza que prohibía la instalación, y que esta empresa trabajó sin tributar durante años, por lo que fue clausurada por el municipio. La comuna es la que debe accionar contra esta empresa por el daño causado y por no haber cumplido con los trámites”, dijo por su parte la concejal Inés Ghione, de la Unión Cívica Radical.

En tanto, Luis Colao, presidente del GEN Mercedes y concejal mandato cumplido, afirmó que no pretenden judicializar las actuaciones, pero no les quedó otra vía: “Los pedidos que se hicieron al Ejecutivo no tuvieron eco. Acá hay una situación fáctica en la que se viola el ordenamiento legal vigente. Mercedes puede fijar qué tipo de industrias y radicaciones puede tener en su partido. A veces se argumenta que este tipo de industrias de clase 3 son habilitadas por la provincia, pero esta da el Certificado de Aptitud Ambiental pero la habilitación y la radicación la da el ordenamiento territorial que es competencia del municipio. En 2004 se sancionó una ordenanza, promulgada y publicada por el actual intendente, en la que se dice y está vigente que no se quieren funciones de plomo. Esto tendría que haber sido como con la curtiembre de 11 y 16, donde el accionar conjunto del Ejecutivo y el Legislativo impidieron que se pudiera volver a habilitar en un caso muy parecido. En ese caso por cuestión de interés social se dio de baja. Aquí hay disparidad de criterios, y esto nos obliga a tener que concurrir a la justicia. Creemos que el intendente no está bien asesorado en este tema, ha cometido errores importantes”, indicó Colao.

También desde el GEN se expresó el concejal José Luis Ramos, sosteniendo que se está tratando de hacer cumplir las leyes y ordenanzas, como una obligación que tienen como concejales. “Estamos tratando de que se cumpla la ley y de cuidar el medio ambiente. Y queremos que las industrias que se radiquen sean de baja incidencia contaminante”, dijo.

Por último, el doctor Javier Torres puntualizó que el tema de los errores cometidos por el municipio es “tedioso” e indicó que en principio se viola una ordenanza: “Una ley está por encima de cualquier decreto, y una ley nacional está por encima de una ley local. Hay una ordenanza que se violó por un decreto, que delega firma para que los secretarios pudieran firmar y habla de comercio no de industrias o sea que está viciado en su objeto y además tiene dos errores básicos: en principio no se publica el decreto, por lo que el acto no existe, y en segundo lugar no estaba la aclaración de que era por delegación de firma. Los habitantes de Mercedes han sido perjudicados con esto. La realidad es que esta empresa está siendo investigada por la Justicia Federal y su causa se ha elevado a juicio. Esto es una realidad y los contaminados en Mercedes existen, luego se deslindarán las responsabilidades, pero lo cierto es que el plomo una vez que ingresa al cuerpo humano no se puede sacar. Lo que está en juego es la contaminación ambiental y la salud pública, y creo que el municipio comete un error al no cumplir con normativas legales, y además por cuestiones que son políticamente insostenibles como permitir una empresa con alta peligrosidad para la población funcione sin las debidas normas de control. Judicialmente se hicieron dos acciones: la medida cautelar en la que el juez debe resolver si pedir la suspensión de la habilitación, y luego sostenemos que el acto jurídico es inexistente o nulo”.

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