Tal cual comunicaron desde la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del partido de Luján, el recurso de amparo presentado por la intendenta Graciela Rosso pone en evidencia una vez más, como se viene denunciando desde la Asamblea Ambiental, la “cuestionable labor del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a la hora de resolver la contaminación provocada por Curtarsa”.

“La medida judicial reclama la suspensión definitiva de las tareas ya iniciadas en Curtarsa para construir una cámara de mezcla y floculación, una cámara de oxigenación para mantener el barro en condiciones oxidantes y un sistema de secado de barros por aire caliente, avalados por el OPDS. La autorización  para que se instalen estas maquinarias señala la incoherencia absoluta que han tenido las autoridades del ente provincial cuando dispusieron el levantamiento de la clausura de la empresa en abril de este año”, indican desde la Asamblea de la vecina localidad.

En tanto, recuerdan que el acuerdo suscripto en su momento entre José Molina, titular del OPDS; los propietarios de la curtiembre y los representantes del Sindicato del  Cuero no sólo “está lejos de resolver los graves problemas sanitarios y ambientales que existen en Jáuregui y en sus inmediaciones, sino que tiende a agravarlos permitiendo que se incorporen nuevos procesos vinculados a la reducción de los costos de producción de la empresa y no a la disminución del impacto ambiental que esta genera”.

Según remarcan los vecinos, este acuerdo no contó con la participación del Gobierno Municipal y de la Asamblea Ambiental. Y nunca se permitió el acceso al contenido del mismo, teniendo como única información las declaraciones de los funcionarios provinciales en los medios de comunicación

“A través del plan de obras acordado, la provincia desatendió una vez más los históricos reclamos ambientales que los vecinos vienen realizando. Se permitió a Curtarsa deshidratar sus residuos semisólidos, para así quitarles peso y abaratar los costos de traslado en la disposición final de esos residuos. La peligrosidad del sistema de deshidratación reside en las sustancias químicas que se desprenden cada vez que se secan los barros. En el sistema de proceso que pretende implementar la curtiembre, coexisten el cromo y el manganeso, provocando éste último el pasaje del cromo a su estado hexavalente, es decir, el más dañino para la salud y el medio ambiente”, indican y precisan que el cromo en su estado VI es “una sustancia altamente cancerígena que es absorbida por ingestión o inhalación siendo los trabajadores las primeras víctimas de estas emanaciones”.

“Este procedimiento agrava aún más la  delicada situación ambiental. Los desechos generados por la empresa son altamente tóxicos y dañinos para la salud de trabajadores y vecinos. Las normativas sobre medio ambiente establecen que los residuos de una empresa de tercera categoría como Curtarsa deber ser procesados por un tratador autorizado lejos de cualquier núcleo urbano. Sin embargo la empresa, no conforme con la terrible contaminación que genera al curtir los cueros, pretende sacar un nuevo rédito económico procesando los residuos antes de derivarlos a un tratador autorizado”, informan desde la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján, que apoya el recurso de amparo presentado por la intendenta Rosso en el Tribunal Criminal Nº 1 de Mercedes, y sostiene que la única solución viable a este problema es la “relocalización planificada de la empresa bajo nuevas condiciones de producción”: “Esta propuesta contempla el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la reducción del impacto ambiental que la curtiembre provoca. Solicitamos una vez más la intervención del Gobernador Scioli  para resolver este problema a fin de evitar el agravamiento de este conflicto”, completan.

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