A través de Pablo De Marco, el Partido Obrero local dio a conocer un comunicado con respecto a las acusaciones del gobierno nacional a las que consideran “una operación política para proteger a la patota de Pedraza y mantener el trabajo precario”. Este texto se dio a conocer en el ámbito nacional por la fuerza de izquierda.
“El nuevo ministerio de Seguridad, creado en nombre del garantismo, debutará con la forma más burda del despotismo estatal contra el pueblo: la criminalización de la protesta social y, aún más, la persecución política contra los partidos que actúan junto a sus reclamos. No otra cosa significa la denuncia penal contra el Partido Obrero, a raíz de nuestro compromiso con la lucha de los tercerizados del ferrocarril. La escalada contra el PO se funda con acusaciones inverosímiles. Además de achacarnos el apoyo a los obreros tercerizados, el secretario Schiavi nos endilga los desmanes de Constitución, producidos contra la lucha de los tercerizados. La acción “disolutoria” del PO sería a favor del corte de vías y en contra de él, todo al mismo tiempo. En cualquier caso, la amalgama demuestra la intención de criminalizar al PO a cualquier precio. Alertamos sobre ello y convocamos a todas las organizaciones obreras, estudiantiles y partidos a defender el derecho del PO a actuar como lo ha hecho siempre, junto a la clase obrera”, indican.
“La escalada del gobierno contra los tercerizados, y el ataque al PO, es una gigantesca cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables de este conflicto: nos referimos a Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, José Pedraza, y Francisco Maturana, de las cúpulas de la UF y la Fraternidad. Hace ya cuarenta días, una resolución del ministerio de Trabajo disponía, en primer lugar, la reincorporación de 217 trabajadores, tercerizados y de la concesionaria UGOFE; en segundo lugar, el pase a la planta permanente del ferrocarril de los 1500 tercerizados del Roca; en tercer lugar, y hasta que se produjera ese pase a planta, se disponía la equiparación salarial de los tercerizados según el escalafón más bajo del convenio ferroviario. El Ministerio difundió a la prensa esta resolución, con el nombre y apellido de todos los trabajadores involucrados. Por donde se la mire, ese acta ha sido incumplida: 56 despedidos aún no han sido reincorporados, con el agravante de que se han despedido en el ínterin a tantos tercerizados como los que fueron reintegrados a sus tareas. La promesa del pase a planta, que debía sustanciarse a partir del 1º de diciembre, ha pasado vagamente “al 2011”. Mientras tanto, nadie ha recibido equiparación salarial alguna”, agregan desde el PO.
En tanto, sostienen que “las razones de este incumplimiento las ha dado” Francisco Maturana, “cuando juró ante el periodista Zlotowajda que ‘ningún tercerizado pasará jamás a planta permanente’, ya que ‘los nuevos puestos del ferrocarril se asignan, en un 80%, para la UF, y en una 20%, para La Fraternidad’. A través de este régimen, la burocracia sindical se asegura el ingreso de elementos afines, que le permitan seguir ejerciendo su dictadura contra los trabajadores del ferrocarril. Mientras tanto, la propia burocracia es empresaria de las tercerizadas, o sea que lucra con la miseria salarial y la precarización laboral de quienes reclaman su pase a planta. Por estos dos motivos, pero no sólo por ellos, Pedraza y Maturana han colocado un veto al ingreso de los tercerizados”.
“Los representantes de los despedidos y el ministro Tomada habían llegado a un compromiso, que permitía el levantamiento de la medida (un pago de dos mil pesos a los despedidos que no fueron reincorporados, a modo de paliativo hasta que se resolvieran las cuestiones de fondo). Pero después de un cuarto intermedio, el ministro se desdijo. Las razones son claras: Pedraza y Maturana le habían bajado el pulgar a ese compromiso. Simultáneamente, comenzaban los desmanes en Constitución, en nombre de los cuales se interrumpieron las negociaciones”, recordaron desde el PO.
“La matriz de esos desmanes excede, por mucho, a los “pasajeros indignados”: el apedreo a las ambulancias ya había sido perpetrado por las patotas que se infiltraron, días atrás, en Soldati, en este caso, detrás de los vecinos. En la gresca de Constitución, está la mano inconfundible de la patota sindical, los barrabravas y demás provocadores bancados por el Estado. Pero las provocaciones de Pedraza y los suyos apuntan bien más lejos que la defensa de un negocio propio. A cada paso que da, la burocracia ferroviaria exige la excarcelación de sus siete patoteros a sueldo, detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Ocurre que el hilo conductor de la causa y de sus cargos apuntan, inexorablemente, a José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Pedraza necesita liberar a la patota para poder bajarse, él mismo, del banquillo. Al pudrir el acuerdo con los tercerizados, y montar el escenario de Constitución, la burocracia sindical le ha enviado su advertencia al gobierno: “o excarcelan a la patota, o se pudre todo”. Con esta extorsión, Pedraza tiene secuestrado al gabinete nacional. Ese gabinete, claro está, prefiere el secuestro a pasar por el mal trago de enfrentarse a los Moyano o los Pedraza. Los necesita para seguir preservando la tercerización, que es lo que le reclama toda la clase patronal argentina”, según el PO, partido para el que las acusaciones recibidas a esa fuerza y a los tercerizados “pretenden disimular ese completo sometimiento del gobierno, y sobre todo de sus “garantistas” o “renovadores”, a la dirección sindical que participó de las 3 A, colaboró con la dictadura y continúa asesinando luchadores, como ha ocurrido con Mariano Ferreyra”.
En este sentido hacen un llamamiento a “defender la lucha de los tercerizados, por la reincorporación de todos los despedidos y su inmediato pase a planta, por el derecho a la luchar por esos objetivos; abajo la criminalización de la protesta social; cárcel a Pedraza, no a la excarcelación de la patota que mató a Mariano”.
