A través de un comunicado de La Alameda y el MTE, difundido por “El Otro Bicentenario”, se supo que este miércoles 19 a las 20 horas habrá una movilización a la Asociación Argentina de Semilleros (ASA) relacionada con una situación muy preocupante de trabajo infantil que fue denunciada por estos días en la Justicia Federal de Mercedes e involucra a poderosos estancieros, empresas multinacionales y sindicatos.

“El Otro Bicentenario” difunde el comunicado de La Alameda y el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, hermanos de lucha contra la esclavitud sexual, laboral y contra la exclusión social, que en conjunto han investigado, escrachado y denunciado a las mafias prostibularias y esclavistas.

La movilización de mañana es contra el trabajo infantil y esclavo en el campo y la denuncia judicial es contra la empresa Saevent, con jurisprudencia en el distrito de Mercedes.

Tras una profunda investigación, el lunes 21 la Alameda y el MTE presentaron ante el Juzgado Federal de Mercedes una denuncia penal por trata de personas y reducción a la servidumbre contra Jorge Alberto Saenz y los directivos de la empresa Saevent SA. “Bajo una fachada legal, la empresa se dedica a reclutar, trasportar, encerrar y alimentar a esclavos que trabajan principalmente en la cosecha del maíz en estancias bonaerenses”, se indicó.

“La base de operaciones de la empresa es Salto, pero reclutan para estancias de Córdoba y San Luis, y en otras localidades bonaerenses como Pergamino, Chivilcoy y Pigué. Saenz fue gerente del BAPRO y conoce a la perfección la vida pueblerina. El lugar de origen de la mayoría de los “changos” (como llama despectivamente a los trabajadores) es Santiago del Estero, particularmente los pueblos del interior, ya que considera muy rebeldes a los de la capital de la provincia”, agregan en el comunicado y puntualizan que Saevent “provee de personal en negro a distintas empresas agrarias como SATUS AGER SA (que ya fue allanada recientemente en una estancia en Arrecifes), TOBIN, QUALITY SEED, FERIAS DEL NORTE y FM SEMILLAS”.

“Son miles los ‘changos’ que distribuye entre las fincas –incluyendo menores de edad- pero esa empresa sólo tiene en blanco a 202, cifra que incluye personal que presta servicios en la industria y el comercio”, se indica entre otros detalles.

“La gran industria semillera –agrupada en la Asociación de Semilleros “Argentinos” (ASA)– ha adoptado como modo sistemático de producción el empleo de mano de obra esclava e infantil y en condiciones de servidumbre para la producción de granos como trigo, maíz y soja. A pesar de ser exportadores de alta rentabilidad, la impunidad reinante merced  al pacto de connivencia empresario-político-sindical, les permite evitar el pago de salarios convencionales y el respeto a las leyes en cuanto a horarios, condiciones de vivienda, implementos de higiene y seguridad, protección ambiental, etcétera. Este sistema monstruoso sojuzga a miles de familias campesinas y migrantes explotados para penosas tareas que no pueden ser realizadas con la tecnología existente o que en los siniestros cálculos esclavistas son más baratos de realizar con las manos de los campesinos adultos y niños. El carácter temporario del trabajo –entre diciembre y marzo para la cosecha del maíz, por ejemplo- inhibe cualquier proceso de agremiación y permite la rotación anual de esclavos frescos para tareas como desfoliación del maíz”, plantean y divulgan que l Asociación de Semilleros Argentinos está encabezada por la empresa norteamericana Monsanto, que domina -en alianza con algunas empresas nacionales- la industria semillera del país.

“De a poco, se está destapando la olla del trabajo infantil, esclavo y precario en el campo. Desde la Alameda y el MTE,  venimos denunciando con nombre y apellido que parte del empresariado agrario le da trabajo a miles de niños, que esclaviza a masas de migrantes internos y externos, que trafica con personas a extremos aberrantes, todo bajo la mirada cómplice del sindicato UATRE y las autoridades inspectivas del poder ejecutivo y judicial. En 2009, reclamamos con marchas tanto al Gobierno como a la Sociedad Rural que estas violaciones a los derechos humanos debían ser el primer tema de la agenda estado-campo, aportando irrefutables pruebas del carácter sistemático de la esclavitud y el trabajo infantil agrario. La muerte de Ezequiel Ferreya y los recientes allanamientos develaron los extremos aberrantes que alcanzaron dichas violaciones y pusieron al Estado ante la necesidad de intervenir para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos y la propia constitución. Sin embargo, empresarios nacionales y extranjeros, cegados por una ambición desmedida, pretenden negar tan palmaria realidad y se resisten a erradicar estas prácticas criminales de su negocio, adoptando las medidas necesarias para prevenir, juzgar y castigar estos delitos”, expresan y cuestionan a los “representantes” sindicales de los trabajadores rurales, que lejos de encolumnarse en defensa de la constitución y las leyes, “intentan negar lo evidente e incluso se incomodan ante los espasmódicos actos de justicia del Estado al respecto, por excepcionales e insuficientes que sean”.

El reclamo
La Alameda y el MTE, junto a la Fundación Che Pibe, exigirán frente a la sede de ASA el cumplimiento de la totalidad de la legislación laboral vigente, en especial la erradicación de cualquier forma de trabajo infantil, servidumbre y tráfico de personas.
A la UATRE el cumplimiento de sus funciones sindicales en defensa de los trabajadores, la publicación de un informe con los nombres de todas las empresas, estancias, establecimientos, etcétera, donde detectaron trabajo infantil o condiciones de esclavitud, la expulsión de los dirigentes sindicales corruptos que permiten estas aberraciones y la desarticulación de la patota.

Al Gobierno Nacional y Provincial el efectivo cumplimiento de su poder de policía laboral, programa de atención y reinserción laboral de las víctimas de trata, la sanción de una ley que agregue el delito de trabajo infantil dentro de las disposiciones del código penal y la anulación del decreto 22248 de la dictadura genocida.

“A la vez seguimos reclamando tanto al gobierno como a la oposición la reforma del código procesal penal y de la ley de trata, a fin de habilitar la inmediata incautación de los bienes y su reutilización social en todos los casos dónde una empresa sea pescada in fraganti esclavizando adultos y niños. Y proceder a su decomiso definitivo, una vez dispuesta la sentencia judicial. Los esclavistas no se amilanan ni ante los escándalos mediáticos, ni ante las irrisorias multas del Ministerio de Trabajo. Ha llegado la hora de confiscarle los bienes a todo aquel que no se ajuste a derecho y que viole de modo flagrante la libertad y dignidad de los trabajadores. Del mismo modo que en la industria textil, con la maquinaria decomisada a los esclavistas se fundó un Polo Textil donde hoy trabajan en forma digna un centenar de costureros, hay que proceder a la incautación de los bienes en el campo de todas aquellas empresas que persisten en valerse del trabajo esclavo para maximizar ganancias y reutilizar socialmente esos bienes bajo la tutela del Estado”, completan.

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