Sigue en trámite judicial una causa que viene de largo tiempo y que se relaciona con las situaciones laborales de varios trabajadores con la comuna, con conflictos que han tenido en su momento, y en esta etapa de la causa judicial de Tilli, Azcoitía y otros empleados se ha llegado incluso a denunciar a las autoridades judiciales.

Hace días llegó una notificación de la Procuración de la Corte de la Suprema de Justicia de la Provincia, indicando que en la IPP 5540/10 caratulada “Denegación retardo de Justicia - Tilli, Antonio, Azcoitía Juan Martín” debe “notificarse por disposición de la procuradora general doctora María del Carmen Falbo”, que la causa tramita por ante la UFI interviniente del Departamento Judicial Zárate Campana, en la denuncia por los delitos que se presumen de prevaricato y denegación de justicia contra el agente fiscal doctor Pedro Illanez y el fiscal general Pablo Merola. “La procuradora ante la excusación de todos los fiscales locales tomó intervención en la causa, la derivó al departamento de Zárate Campana y ahí se va a investigar la denuncia que se hizo al fiscal y a Merola”, confirmó el doctor Teófilo Buffín, abogado de los demandantes. “La causa está abierta, hemos sido citados para ratificar la denuncia y ampliarla, y vamos a denunciar la impunidad que se le brinda al Poder Ejecutivo municipal con el despido arbitrario y masivo de empleados acaecido desde junio de 2010. Parece que la impunidad ahora se ha acabado, y con esta excusación que la Suprema Corte de Justicia obligó a hacer al juez, buscaremos un nuevo juez contencioso para estas causas”, agregó el letrado.

“Toda esta situación empezó en el año 2006 cuando al empleado Tilli lo separan del Departamento de Tránsito. Luego a Azcoitía lo separan de la Dirección de Bromatología por denunciar el ingreso de mercaderías en mal estado. Y tras esto a Almirón, por conflictos que había en el Corralón. Luego, en el caso de Centeno, fue insultado por el intendente y luego de varios traslados lo terminaron echando. Ninguno de estos empleados cobran ni les pagaron indemnización”, aclaró Buffín.

Lo cierto es que hoy en día ya suman 6 los millones de pesos que reclaman entre los 4 empleados. “Esto debería salir del patrimonio municipal y además por el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se marca que cuando se producen perjuicios al erario es dable reclamarle al funcionario implicado”, completó el abogado, marcando que seguirán “adelante hasta que cobremos”: “Con el reconocimiento de algunos casos los empleados van a poder obtener su jubilación”, planteó.

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