La concejal mandato cumplido y candidata a intendente por Nuevo Encuentro, Claudia Lucero, participó en una charla realizada en Luján por representantes de la Universidad de General Sarmiento y Madre Tierra. Los disertantes fueron Raúl Fernández Wagner y Juan Duarte de la carrera de Urbanismo de la Universidad General Sarmiento; y Carlos Benítez y Daniel Noceto por Madre Tierra, quines hablaron sobre la ley de promoción del hábitat social.

“El día sábado asistimos a una charla que brindaron representantes de la Carrera de Urbanismo de la Universidad General Sarmiento y de Madre Tierra, Asociación Civil, para debatir acerca de la necesidad de poner en discusión en cada distrito la Ley de Promoción del Hábitat Social, que fuera anunciado desde el gobierno provincial en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia”, comentó Lucero y destacó algunos de los conceptos vertidos.

En principio indicó que ambas organizaciones forman parte de Habitar Argentina, espacio intersectorial que agrupa a legisladores de distintas fuerzas políticas, Organizaciones No Gubernamentales, profesionales, sectores académicos y movimientos sociales y promueve un nuevo marco normativo en materia de políticas públicas en relación al acceso al suelo, a la vivienda y al hábitat. En el Senado, trabajan en conjunto con representantes de la Cámara Alta en la formulación de leyes relacionadas con el tema vivienda.

Lucero expresó que en la charla se planteó que después del 2001, “se ha producido una reactivación económica y por ende un boom de la construcción, y pese a que el Estado construye viviendas a través del Plan Federal, los problemas empeoran, porque aparejado a esto se dio también el aumento de los precios de la tierra. Como ejemplo mencionan que en 2002 el precio de 1 hectárea era de 1.400 U$S y en 2011 subió a 14.000, diez veces más”.

“Luego de la crisis, la sociedad se volvió más injusta: la brecha entre quienes poseen más y los que poseen menos sigue siendo amplia. Aunque ha disminuido en los últimos años en 5 ó 6 puntos. Esto se refleja en que las tierras de la periferia, lugares donde tradicionalmente construía la clase trabajadora, hoy deben disputar su posesión con los sectores de mayores ingresos, quienes construyen allí, barrios cerrados”, dijo sobre lo indicado.

“Hoy, sólo construir viviendas, no alcanza, es necesario construir políticas urbanas. Necesitamos generar mecanismos para abaratar el suelo y reinstalar el control del Estado por el acceso al suelo y sacarlo del ámbito de la especulación. La función social de la tierra está  instaurada desde el año 45, tal concepto apunta a que no se puede hacer con la tierra lo que a cada uno se le antoje porque se trata de un bien social, por ende, cualquier uso no es posible. La función social de la tierra pone freno a la especulación. Se puede usufructuar el suelo, es un derecho, pero junto a él existen obligaciones: el interés del propietario debe estar en consonancia con el interés social A partir de ese presupuesto, se genera un marco jurídico que permita distribuir mejor”, agregó.

“La Argentina no tiene hoy una ley nacional de promoción urbana, por eso es tan importante apoyar esta ley provincial de Promoción del Hábitat Social”, opinó y expresó que desde Madre Tierra sostienen la importancia del armado de organizaciones sociales que pongan en debate el tema de la vivienda, para que sea  desde allí donde se controle la aplicación de la Ley.

“Según afirman, el problema de acceso a la vivienda es una problemática masiva a la que hay que atender desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta el derecho a la ciudad de todos los habitantes, y que vincule distintos aspectos. Entre otros conceptos aseguran que el crecimiento de la “ciudad privada” influye sobre la destrucción del suelo. En la actualidad hay 563 barrios cerrados en la Región Metropolitana, que ocupan el doble de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, planteó Lucero.

En este sentido, remarcó que este anteproyecto de Ley de Promoción de Hábitat Social brinda mayor poder de decisión en relación al tema, a los municipios y no sólo plantea un marco jurídico, también obliga a los Estados Municipales, ya que abre la posibilidad de enjuiciar al Estado si no acepta la intervención popular en relación a la toma de decisiones respecto del derecho a la tierra.

“Se habla, además, del derecho a la ciudad. La vivienda es un derecho reconocido pero no alcanza, es algo más complejo. La ciudad es un producto colectivo, todos contribuimos a constituirla, sin embargo es disfrutada sólo por unos pocos. El derecho a la ciudad incluye el derecho a la centralidad, es decir de gozar los beneficios del acceso a los servicios, al trabajo, etcétera. Muchos de nuestros males devienen por la negación de ese derecho”, indicó Lucero.

“Es necesario comenzar a organizarnos como sociedad para peticionar y generar acuerdos con el gobierno respecto del derecho a la ciudad. Requiere además, un compromiso ciudadano. El proceso de lucha por el acceso a la ciudad es un proceso emancipatorio por una más justa distribución”, completó.

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