Tuvo duros cuestionamientos hacia la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica el abogado Pablo Marson, en representación de Lucas Fernández, operario despedido hace un mes, pero con una complejidad de situación que en estos días enciende otra vez la mecha de la interna sindical en ese gremio metalúrgico.

Fernández responsabiliza a la conducción que encabeza Julio Núñez por la firma de un acta con la empresa Aceros Borroni, en la que se aceptan condiciones para la desvinculación de un afiliado considerado activista sindical, despedido con certificado médico y a horas de haber sido padre.

Pero a la vez fundamentan que Fernández estaba activando sindicalmente porque varios compañeros lo habían propuesto para el cargo de delegado. El empleado de Aceros Borroni y afiliado a la UOM fue dejado cesante sin causa el 3 de junio.

Su abogado Pablo Marson y sus compañeros más cercanos recordaron que en diciembre de 2010, el joven empleado había firmado un pedido, dirigido a la Comisión Directiva de la UOM, que preside Julio Núñez, en el cual, con su firma, piden que se convoque a elecciones de delegados por vencimiento de mandatos el 17 de abril de 2010, de los cargos nunca más repuestos por los que toda la fábrica había parado durante dos días el 26 de marzo de 2008.

En su estudio de calles 26 y 39, el doctor Pablo Marsón, explicó: “La dirección de Borroni tomó conocimiento de esto y luego publicó una solicitada en los medios, en la que pretendía aclarar que la empresa era víctima de una interna sindical”.

Para Marsón, “lo interesante es que el dueño y directivo de la empresa, Pablo Borroni, al publicar la solicitada, prueba de manera manifiesta conocer cuál es el conflicto que involucra a mi defendido Lucas Fernández, quien manifiesta voluntad de que los trabajadores tengan una representación sindical como marca el estatuto, pues llevan catorce meses en una inexplicable vulnerabilidad absoluta”.

“Todos sabemos que entre los que impulsan una acción para constituir representantes, a la vez se erigen en potenciales representantes”, enfatizó Marson, considerando a su defendido como “un militante sindical que sufre persecución, dejándolo en situación de fragilidad, pues fue con licencia de enfermedad y 24 horas antes de ser padre”.

Caso polémico
Marson señaló que el despido no tiene una indicación precisa de la causa por la cual se resuelve la desvinculación laboral.

Para Marson y Fernández, quienes recordaron la expulsión del gremio del delegado Jesús Guerra, en noviembre de 2009, “la UOM toma al tema y se incluye entrando en la negociación con la empresa, pero increíblemente acepta el pago que le da la empresa y que no es el de la indemnización por año trabajado, más el preaviso, más las vacaciones, más los seis meses de protección de la Ley de Asociaciones Profesionales, sino que se queda con el sueldo del mes de mayo que le paga la empresa”.

“Yo me quedé en la calle, con un hijo recién nacido, un certificado de licencia por enfermedad y hasta la quita de un mes completo de trabajo como junio”, expresó por su parte Lucas Fernández.

“Además de eso y como establece el artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, se le debería abonar el sueldo hasta el alta médica”, agregó el doctor Marson.

El 15 de junio, conforme al acta obrante en poder de Fernández y su representante legal, el Punto 6 del acta de reunión de la UOM y los delegados actuales con la empresa, se pide que “se aclare la situación de despido de Lucas Fernández”.

“No es el despido, sino los días del mes de mayo lo que se le está liquidando”, dijo en razón de que no se le había abonado la liquidación, conforme corresponde a la petición.

La empresa contestó luego que “se realizó la liquidación conforme a la ley’ y Núñez, quien en los demás puntos, hasta acepta discutir derechos consagrados en el Convenio Colectivo de Trabajo, como si quedara margen de duda, acepta este atropello contra Fernández como si no fuera nada y desoyendo los reclamos de mi representado, lo cual amerita nuestra denuncia”, dijo Marson, quien reveló que fue efectuada la semana pasada, antes de la Feria Judicial de receso de invierno, aunque la denuncia contra las actuaciones de la Comisión Directiva encabezada por Núñez y la empresa Aceros Borroni fue formalizada en el Ministerio de Trabajo.

Junto a un centenar de trabajadores, el caso había sido expuesto en la asamblea que tenía otro orden del día, pero que igualmente incorporaron como tema entre la Comisión Directiva que preside Julio Núñez el pasado jueves 9 de junio.