Es una postura fácil, una manera casi elegante de salir por la tangente (o más campechanamente, de esquivar el bulto) decir que “no están dadas las condiciones para analizar el presupuesto”.

Ahora bien, el presupuesto es la manifestación en números de una manera de concebir la política y el ejercicio de la gestión municipal. Si una fuerza se plantea como renovadora, debería tener una posición política clara y contundente respecto de cómo invertir el dinero público, más allá de evaluar lo que viene del Ejecutivo.

Si se plantea el hecho de analizar el presupuesto tal como está dado, en definitiva no hace más que corroborar el rumbo dado a la gestión actual, con algunos retoques cosméticos tal vez, porque en verdad, una fuerza que se precie de encarnar una nueva forma de hacer política, dotada de cuadros capacitados para ejercerla, debería tener sin duda unan visión no solo innovadora sino también imbuida de coraje, como bien lo ha puesto de manifiesto la presidente durante su gestión. Requerirá  un planteo de cómo recabar fondos, y una seria decisión respecto de cómo y dónde invertir, una mirada autónoma del presupuesto más allá de lo que haya determinado el Ejecutivo; en definitiva, una visión que por el momento no tenemos ya que “no están dadas las condiciones… etc. etc.

El análisis del presupuesto exige de parte de los concejales una mirada política que sigue estando ausente. Una mirada renovadora, lo mismo respecto de la ordenanza fiscal e impositiva, que manifieste en los hechos y en el posicionamiento político el coraje que los tiempos demandan.

A modo de ejemplo: ¿Si de posiciones en pos de una distribución más justa empezáramos a considerar grabar las propiedades ociosas? Si el problema de la vivienda es una problema acuciante, tal como ha sido planteado en todas las plataformas políticas de las diferentes agrupaciones; si como dice el concejal de la Coalición Cívica, debemos avanzar en una redistribución de la riqueza, sin duda alguna tendremos los votos suficientes para aprobar una propuesta que contemple un incremento progresivo de las tasas de aquellos inmuebles deshabitados, tal como propusimos en su momento, del mismo modo que propusimos un relevamiento de los mismas para evaluar situaciones particulares; y a su vez proponer acciones tendientes a que el municipio intervenga para poner en funcionamiento tales propiedades, instando a los propietarios a que las alquilen por ejemplo, obviamente generando condiciones de protección a los inmuebles, y una retribución a los propietarios en forma de exenciones de algún tipo, como así también generar las condiciones de habitabilidad para los inquilinos; sería un buen modo de empezar a paliar, el problema habitacional porque como sostiene Raúl Fernández Wagner, de Habitar Argentina: “Hoy, sólo construir viviendas, no alcanza, es necesario construir políticas urbanas.” Más allá de que como también afirma: “Necesitemos generar mecanismos para abaratar el suelo y reinstalar el control del Estado por el acceso al suelo y sacarlo del ámbito de la especulación. La función social de la tierra está  instaurada desde el año 45, tal concepto apunta a que no se puede hacer con la tierra lo que a cada uno se le antoje porque se trata de un bien social, por ende, cualquier uso no es posible. La función social de la tierra pone freno a la especulación. Se puede usufructuar el suelo, es un derecho, pero junto a él existen obligaciones: el interés del propietario debe estar en consonancia con el interés social A partir de ese presupuesto, se genera un marco jurídico que permita distribuir mejor”,
Me da la sensación, lo cual constituye un modo de huida del verdadero compromiso, que tanto el Ejecutivo como las diferentes fuerzas políticas lo que pretenden es si se me permite la comparación, dar “saltos cuánticos” de gestión: pasar de un estado, a otro, casi, si la física no me desmintiera, como por arte de magia. No obstante, los verdaderos cambios se construyen paso por paso, comprometiéndose con cada pequeño acto de gestión para lograr cambios efectivos.

A saber, existen algunas propuestas para empezar a mirar el tema desde otro lugar, implementando un abanico de posibilidades tales como:

Urbanización de tierras, infraestructura básica, provisión de alojamientos básicos y progresivos, mejoramiento o rehabilitación de barrios, regularización de viviendas y asentamientos, completamiento de viviendas inconclusas, ampliación de viviendas, microcréditos progresivos, viviendas nuevas. Además de aquellas opciones que incluyan una mayor intervención del estado local en la regulación de los contratos de alquiler, verificación del estado en que se ofrecen viviendas en alquiler, servicio de mediación municipal, etc.

Todos sabemos que el camino más fácil para esquivar las  responsabilidades y evadir compromisos, son las promesas rimbombantes en los discursos de barricada, pero en el día a día se construye  con propuestas firmes, asentadas en el conocimiento de las circunstancias y lo viable de la situación. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo, propuestas concretas que inicien la construcción de peldaños que puedan llevar a la meta. Construir nuevas viviendas es una idea por todos compartida, sin duda, pero en el ínterin, en el tiempo que demande construir, ¿qué soluciones se dan? Es fácil prometer desde las bancas, oponerse o archivar proyectos, cuando lo hacemos desde la comodidad del sitial y el hábitat seguro.

¿Cuán comprometidos estamos con el discurso de distribución y de darle más al que menos tiene? Sobre todo si tenemos en cuenta que la contrapartida es la equidad, no darles a todos por igual, sino darle a cada uno lo que necesita, y restarle al que tiene más. ¿Estamos dispuestos a mantener ese discurso en los hechos? ¿Poner el cuerpo realmente, por lo que menos tienen aun cuando eso implique una mirada diferente respecto de quienes tienen más?

El problema habitacional es desde hace décadas un problema al que todavía no se acierta con las soluciones, porque falta decisión.

Al respecto sostiene Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista, relatora ONU frente a la pregunta realizada por un cronista de Página 12: –Algún intendente del conurbano planteó que, aunque recibe fondos del Estado nacional para viviendas, ya es casi imposible encontrar lugares libres donde edificar.

–¿Cómo que “no hay lugar”? –contestó Raquel Rolnik–. No lo hay para los pobres. Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, además de invertir en viviendas y subsidiar alquileres, tienen leyes de ordenamiento territorial: en Gran Bretaña, cada urbanización privada debe aportar el 30 por ciento de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos; en Francia, aportan el 20 por ciento. En Manhattan, Nueva York, casi la mitad de los alquileres están protegidos: los reajustes no los dicta la especulación inmobiliaria sino una comisión local.

“Si se trata de lugar –continuó Rolnik–, el Estado puede ofrecer tierras fiscales, en vez de, al revés, desalojarlas cuando son ocupadas. Y siempre hay tierras e inmuebles desocupados. Las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social. En las zonificaciones, así como se admite que haya lugares determinados para industrias, para oficinas, para edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”. Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”.

En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “Se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad... Esto requiere un pacto sobre vivienda urbana y rural, que reconozca a todos el derecho a un lugar”. Es necesaria “la articulación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De otro modo los proyectos dependen de negociaciones políticas: si hay acuerdo, se trabaja y si no, no”.

Y finaliza la nota de la cual se extrajeron estos conceptos: “El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat para antes de que se produzcan las ocupaciones. En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas, funcionó. En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas. ¿Quiénes ganan con esto? Ganan los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables: los servicios se otorgan por goteo, a cambio de una base electoral para uno u otro político. Y ganan aquellos sectores sociales que así no ceden nada mientras los pobres se arreglan como pueden, preferiblemente lejos de la vista del resto de la población”.

“La crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo: entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y, así expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, explicó Rolnik.

Evidentemente las palabras de los expertos avalan la propuesta de ponerse de una vez por todas a trabajar en serio.

* Claudia Lucero es profesora, concejal mandato cumplido