El concejal mandato cumplido Luis Colao, quien es integrante de la Mesa del Partido GEN en el ámbito provincial, hizo llegar la posición fijada por la fuerza que integra respecto de la situación de la megaminería en la Argentina.

 A través de un comunicado, “El Famatina no se toca – Digamos No a la Megaminería a cielo abierto”, el GEN expresó que “atento la ‘pueblada en el Famatina’ en contra del proyecto de exploración y explotación de oro a través de la mega-minería a cielo abierto, auspiciada y promovida por el Gobierno de La Rioja y de la Nación Argentina, la Mesa Nacional del Partido GEN expresa su solidaridad y acompañamiento con el pueblo de ‘Alto Carrizal – Famatina’ y ‘Chilecito’, adhiriendo a la marcha convocada por las Asambleas Ciudadanas en las Provincias de La Rioja, C.A.B.A., San Juan, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Jujuy y la Ciudad de La Plata”.

 En este orden, el Partido GEN fija posición en relación a la actividad minera a cielo abierto, mediante el documento político que se adjunta:
"El kirchnerismo se esfuerza para que el relato de la realidad describa a su gobierno como refundador de una política nacional y popular. La amplia legitimación social que la gestión tiene verificaría ese relato. Sin embargo, el tema que aquí rescatamos no forma parte de ese relato pero sí de la realidad, por lo que no podría decirse que tiene la misma legitimidad que el gobierno. Como el pecado, que se confiesa sólo a quien puede absolverlo, lo que aquí descubrimos pertenece a la invisibilidad, no integra la agenda explícita del gobierno y si algún interlocutor de éste es interpelado por la cuestión, la ignora, la relativiza, la posterga, en fin, no la confiesa.

El tema es la "política de transnacionalización de la soberanía de los recursos naturales en materia minera" que el kirchnerismo lleva decididamente adelante desde el 2003, y que ejecuta mediante un concentrado grupo de corporaciones "Multinacionales de la Megaminería metalífera". El marco legal que permite esta brutal transferencia de riquezas de recursos no renovables a los países centrales, fue diseñado en la década del 90 cuando reinaba el neoliberalismo. Este plan geopolítico, cuyos objetivos fueron especificados en el "Plan de Desarrollo Minero" de 1993, básicamente se tradujo en un conjunto de normas como la modificación del Código de Minería prohibiendo al Estado participar en la explotación minera, la ley de Inversiones Mineras, la ley de Reordenamiento Minero, la ley de Acuerdo Federal Minero, Tratado Argentino Chileno de Integración y Complementación Minera, entre otras.

Este último creó una región de más de 4.000 Km de largo por 200 Km de ancho en la Cordillera de Los Andes, en donde la Argentina y Chile cedieron su soberanía territorial (acuífera y minera) a las multinacionales. Pero además Argentina renunció a la soberanía fiscal, y así éstas no pagan, entre otros gravámenes, los derechos de importación para insumos y equipos, la tasa de estadística, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, a los activos, a las ganancias, al impuesto inmobiliario, al valor agregado, las tasas municipales y el impuesto de sellos.

La regalía reconocida a las provincias no alcanza al 1,5% del valor del mineral, porque se calcula sobre el valor boca mina al que se le deducen una serie de gastos del proyecto minero, además de realizarse mediante una declaración jurada de las multinacionales. Se reinstaló un nuevo patrón de asimetrías económicas creando territorios especializados en la provisión de bienes naturales, intervenidos y operados bajo el control de grandes empresas transnacionales que se apropian de rentas generadas políticamente a través de los referidos beneficios fiscales y comerciales, y por el otro cumplen una función geopolítica de asegurar, a nivel global, la provisión de insumos críticos y estratégicos para las dinámicas de transformación y consumo controladas desde las potencias que detentan el monopolio de la innovación tecnológica y de los flujos financieros mundiales.

Se genera así lo que se conoce como economías de enclave, mediante la extranjerización, concentración y reprimarización de la estructura productiva. Es una producción orientada a satisfacer el mercado mundial y con escaza incidencia en nuestro país porque el "know how" y la gran industria mecánica utilizada para la extracción minera, son servicios y bienes de capital producidos por empresas extranjeras. Además, ninguno de los proyectos procesa los minerales en el país.
Néstor Kirchner, en oportunidad de presentar el Plan Minero Nacional 2004/2005), expresó: "El sector minero argentino es uno de los que durante la década del 90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente...(y dirigiéndose a las multinacionales del sector minero, agregó)...todo lo que ayude al sector y a Ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podamos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar (sic)".

Así, este plan profundizado por el kirchnerismo, impulsó la salida del país del producido del mineral mediante reintegros a su exportación y la eximición de liquidar divisas por dicha exportación. Fue el gobierno de Néstor Kirchner quien concretó el inicio de los proyectos Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascua Lama en San Juan. Luego, Cristina Kirchner, antes de vetar la Ley de Glaciares, se reunió en varias oportunidades con Peter Munck (CEO de Barrick Gold) y junto a éste, festejó que el costo de la onza de oro en Argentina sea el más barato del mundo, como si fuera un motivo de orgullo el bajo salario de nuestros compatriotas trabajadores vinculados a la actividad.
Hoy el gobierno apura el inicio - entre otros- del mega emprendimiento de Famatina en La Rioja a sabiendas del daño ambiental que ello implica: La graciosa aceptación del gobierno por los inconmensurables y perpetuos pasivos ambientales que esta actividad deja en nuestro territorio. Agotados los yacimientos y luego del abandono de los emprendimientos por las empresas multinacionales, estos pasivos pasan a la sociedad toda.

 Esta transferencia ilegítima de pasivos es considerada como una externalización por las empresas en el análisis costo-beneficio, por lo que luego se demandarán enormes inversiones públicas de saneamiento si es que éste es posible. Todo agravado porque los principales proyectos se localizan en las cabeceras glaciarias de las cuencas hidrográficas que nacen en la Cordillera de Los Andes, y son la única fuente de irrigación y de consumo doméstico de Agua en todas las provincias andinas (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y sub andinas (Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y La Pampa).