El texto de la declaración que lleva las firmas de Pablo Micheli, Ricardo Peidro y José Rigane, secretario general y secretarios adjuntos de la CTA respectivamente afirma textualmente:
"La Central de Trabajadores de la Argentina repudia enérgicamente los violentos desalojos de los pobladores que se oponen a la megaminería contaminante a cielo abierto, perpetrados por fuerzas de seguridad en los cortes selectivos de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta.
Esta ofensiva de los gobiernos de Catamarca y Tucumán, junto a la presión que está efectuando el gobernador de La Rioja sobre las poblaciones de Famatina y Chilecito para que se instale la Osisko Mining Corporation, se llevan adelante con el pleno respaldo del Gobierno nacional.
Para esta Central, la defensa de nuestros bienes naturales está directamente relacionada con la necesidad de debatir y poner en perspectiva un nuevo modelo productivo en nuestro país que reemplace al modelo agroexportador, sojero, extractivista y dependiente que promueve una creciente concentración y extranjerización de la riqueza.
La CTA viene alertando que la sanción de la Ley Antiterrorista está directamente vinculada con el desarrollo del conflicto social y persigue el propósito de endurecer la criminalización de la protesta.
Ayer, las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas que participaron de la movilización del 29 de diciembre de 2011 a la Plaza de Mayo convocada por esta Central para rechazar la Ley Antiterrorista, ratificaron la marcha del próximo 15 de febrero hacia el Congreso de la Nación para reclamar la inmediata derogación de esta ley de la vergüenza.
Por último, exigimos el inmediato cese de la violencia policial contra los pueblos que luchan en defensa del agua y la vida, y hacemos responsables a los gobernantes por la integridad de las personas".
