Tal cual se publica en Rionegro.com.ar, solicitan beneficios para el represor ex jefe de inteligencia durante la dictadura, Mario Alberto Gómez Arenas, quien está implicado en el secuestro y ocultamiento del hoy diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro cuando era niño, además del homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Révora De Pedro –su madre, embarazada de ocho meses al momento de ser acribillada–, entre otros crímenes.

Lo que solicitan desde la defensa de Gómez Arenas, por un juicio que tiene a cargo el Tribunal de Neuquén, es que el militar de 81 años sea “retirado” del juicio que está previsto iniciarse el 7 de marzo porque “no se encontraría en condiciones de entender el proceso en su contra por 39 casos de torturas y desapariciones durante la última dictadura militar”.

Gómez Arenas fue en 1976 jefe del destacamento de inteligencia 182 de Neuquén, y por su actuación en el Alto Valle en la actividad de inteligencia clandestina fue ascendido luego como subjefe de la central de reunión del Batallón 601 de Inteligencia en Buenos Aires. Según se ventiló en el primer juicio, quien fuera el superior de Raúl Guglielminetti en 1976 era uno de lo que daba directivas a los grupos de tarea y definía los procedimientos que se llevaron a cabo en el centro clandestino "La Escuelita", de Neuquén y la suerte que corrían los secuestrados durante los tormentos.

En este rol, no utilizaba uniforme y fue fotografiado con "barbita tipo candado" en uno de los desfiles militares de la época. El militar retirado tiene dos condenas que se encuentran en apelación: la primera fue en 2008 por el Tribunal Oral Federal de Neuquén que lo sentenció a 25 años de prisión por 17 casos de torturas y la desaparición de Oscar Ragni (hijo); mientras que en 2010 el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires lo condenó a 25 años por el homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Révora De Pedro –embarazada de ocho meses cuando fue acribillada– además de la sustracción y ocultamiento del niño Eduardo De Pedro cuando se produjo el ataque armado en octubre de 1978 en el departamento en el que fuerzas conjuntas buscaban un botín montonero.

El defensor oficial, Eduardo Peralta, solicitó que suspenda el juicio por delitos de lesa humanidad para Gómez Arenas. El militar retirado vive en Buenos Aires, en prisión domiciliaria en Olleros 2555, piso 2, Departamento B.

El defensor público requirió al cuerpo médico forense de la Nación exámenes tendientes a determinar su estado de salud mental, en particular, si posee capacidad para someterse a juicio, y en su caso, se establezca la posibilidad de intervenir en trámites extensos, si puede mantener la atención en audiencias prolongadas, y tiempo estimado en el cual puede permanecer en audiencia.