Días pasados los medios de comunicación locales gráficos, radiales y televisivos, informaban sobre las preocupaciones y gestiones que nuestros representantes políticos y el presidente del Colegio de Abogados departamental realizaban para evitar un nuevo desmembramiento de nuestro Departamento, específicamente de la pérdida de competencia territorial en el fuero laboral.

Creo que las gestiones están en buenas manos, deben trabajar coordinadamente el Doctor Vero, el Intendente Selva, y el diputado España, la Asociación de Magistrados y la Asociación Judicial Bonaerense Departamental sumando sus aportes; y el pueblo todo apoyar las gestiones.

Los aludidos medios de comunicación locales también informaban sobre el tema que hace mucho tiempo preocupa a nuestra ciudad: la necesidad de contar con un edificio que contenga las dependencias judiciales dispersas en numerosos inmuebles alquilados por la Suprema Corte de Justicia. Este será el tema de mi aporte.

El Intendente y el Colegio de Abogados a través de su presidente hacían conocer su preocupación y las gestiones tendientes a lograr que la Suprema Corte de Justicia concrete la construcción de un edificio capaz de contener las dependencias judiciales que hoy funcionan en numerosos y dispersos inmuebles alquilados. Se alude al proyecto con la pretenciosa denominación de “Ciudad Judicial”. Ojalá que la obra haga honor a su nombre.

Se han mencionado algunos lugares, uno de ellos en las inmediaciones de las calles 2 y 1, lindante al campo de deportes del club Vélez Sárfield, otro cercano a Avenida 40 y 109, así se informó, no conozco más detalles. Ambos predios se encuentran ubicados a una distancia considerable del edificio central de Tribunales, como así de las entidades bancarias, colegios profesionales y demás oficinas administrativas de la ciudad.

Desde ya que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, como seguramente lo estarán todos los que participan de la actividad judicial. La incomodidad que produce a los abogados, litigantes y trabajadores judiciales esa diáspora edilicia justifica la preocupación para ponerle fin.

El tema principal, ya que todos estamos de acuerdo en la conveniencia y necesidad de la obra, es “dónde realizarla”. Esa es la cuestión.

Se han mencionado algunos lugares, uno de ellos en las inmediaciones de las calles 2 y 1, lindante al campo de deportes del club Vélez Sárfield, otro cercano a Avenida 40 y 109, así se informó, no conozco más detalles. Ambos predios se encuentran ubicados a una distancia considerable del edificio central de Tribunales, como así de las entidades bancarias, colegios profesionales y demás oficinas administrativas de la ciudad.

Creo que el mejor lugar es el predio que hoy ocupa el “Corralón Municipal”. El inmueble tiene una superficie superior a 25.000 metros cuadrados; y las construcciones existentes no tienen ningún valor arquitectónico ni inmobiliario. Tiene cercanía con la terminal de micros, las estaciones ferroviarias Sarmiento y San Martín. Además de los lugares que se mencionan como posibles, es el que más cerca se encuentra de los restantes edificios judiciales y el centro de la ciudad. Situación que debe valorarse ya que muchos profesionales, litigantes y empleados judiciales deben realizar trámites en dependencias diversas y el traslado de unas a otras debe ser posible en distancias razonables.

La construcción de la “Ciudad Judicial” en el predio aludido, permitirá la integración de una importante barriada, hoy bloqueada por la falta de calles, y la obra permitiría su apertura y desarrollo.

“El Corralón Municipal” se trasladaría a algunos de los predios que se hubieren utilizado para la “Ciudad Judicial”, se pactaría el costo del traslado, dada la conveniencia que implica la radicación de la obra en un terreno de mayor valor inmobiliario, por su ubicación.

La nueva obra debería contener además de todas las dependencias que hoy ocupan inmuebles alquilados por el Poder Judicial, las que funcionan en el edificio de 26 y 37, y el que se encuentra lindando con el Teatro Municipal.

La unificación de edificios optimiza costos de funcionamiento y mantenimiento. Los inmuebles remplazados, pasarían a la Provincia para ser utilizados por dependencias provinciales, municipales o nacionales que hoy funcionan en locales arrendados.

Hasta aquí mi opinión. Creo que la importancia del emprendimiento merece un análisis serio y responsable por parte de los encargados de su realización. En ese sentido va mi aporte.

* Mario Marcelino García es jubilado judicial con 52 años de servicios y fue Secretario General de la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense en el período 2003/2006