Con duros cuestionamientos a la figura del intendente Carlos Selva y sus funcionarios vuelve la discusión por la regulación de las fumigaciones en el partido de Mercedes. Hubo un cruce de cartas documento entre la doctora Graciela Gómez (patrocinante de la familia Milesi, que tiene a su hijo afectado con leucemia tras ser bañado con agrotóxicos por una avioneta que fumigaba en un campo lindero a su propiedad) y ahora el tema vuelve a los medios de difusión. “No sabemos qué inepto asesoró al intendente de Mercedes en semejante disparate de ordenanza”, dijo recientemente la doctora Graciela Gómez, a FM Imagen de San Antonio de Areco, y renovó la llama del conflicto que mantiene con el jefe comunal de Mercedes desde al año pasado.

Lo que cuestiona la abogada ambientalista es que en la ordenanza que regula las fumigaciones se haya aprobado la fumigación por aire hasta un límite de 300 metros de las viviendas. Y sobre este tema si bien en principio había pedido que se adecúe la ordenanza señalando la falencia que tenía en su redacción, pero luego, endureciendo su postura ante la falta de respuesta, Graciela Gómez había anunciado a fines del año pasado que realizaría una denuncia penal, llevando a la justicia la situación. En su momento, la intención que tenía la doctora Gomez era llevar adelante una denuncia penal contra el intendente Carlos Selva por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.  

La ordenanza
Luego de que se hiciera caso omiso a la necesidad de regular la aplicación de agroquímicos durante años, tras la presión del caso del niño Estanislao Milesi se llegó a la sanción de la esperada ordenanza para controlar las fumigaciones (que se prevería sería “copia” de la que recientemente se había aprobado en la vecina ciudad de Luján) con el número 6998/11 bajo el Expediente 3410/11, pero sucedió que en la redacción en su artículo 4° se permiten aplicaciones aéreas a una distancia de 300 metros de cualquier vivienda de todo el Partido de Mercedes, “en clara oposición a la Ley 10.969 y su Decreto Reglamentario y a la Ley 25.675 que define el Principio Precautorio en su artículo 4° y violando el Derecho de Participación Ciudadana consagrado en el artículo 4 y 19 de la misma Ley”, según se plantearía luego.

“El absurdo del artículo 4 de la ordenanza que se contrapone al artículo 5 que prohíbe la aplicación terrestre a 500 metros, cuando justamente la protección mayor de todas las leyes debe ser respecto a la aplicación aérea por su mayor peligrosidad y por cuyo motivo la Unión Europea Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su artículo 9 de fecha  21 de octubre de 2009, prohíbe las fumigaciones aéreas por completo”, opinaría la doctora Gómez ante esta situación.

Fumigación manual observada en Mercedes en la zona urbana

La denuncia, la ley provincial
Lo que estaría esperando ahora la doctora Gómez para presentar efectivamente la denuncia penal sería un decreto del gobernador Daniel Scioli para reformar la ley de agroquímicos de la provincia de Buenos Aires.

La ley 10.699 prohíbe en todo el territorio bonaerense la fumigación aérea a dos kilómetros; incluso, cuando hay colmenas, a tres. Pero no prevé la fumigación terrestre. El decreto que deberá ser modificado es el 499/91. Según pudo saber la abogada ambientalista, en el gobierno provincial están desde el año pasado estudiando cómo cambiarlo. “Si la ley dice eso, ¿cómo puede ser que el intendente Selva permita fumigar a 300 metros?”, se pregunta Gómez.
 
Un cruce de opiniones creciente a través del correo electrónico entre la doctora Gómez y la intendencia de Mercedes se sucedió y este fue recibido por cientos de medios en todo el país, quienes son mudos testigos del avance de esta discusión, que en uno de los últimos capítulos tiene al secretario de Gobierno, Sergio López, exigiéndole a doctora Gómez que no mande más mails, y a la letrada contestándole que lo seguirá haciendo.

En sus denuncias públicas, la doctora Gómez plantea “la gran mentira de hacerle creer a la gente que el glifosato es biodegradable y que es inocuo”, y sostiene que “la homologación del Round Up es un fraude por no tenerse en cuenta que sus coadyuvantes son de tres a cinco veces más peligrosos que el principio activo que es el glifosato. Es un gran fraude, hay que recategorizar urgente, que es lo que estamos exigiendo al Senasa”.

Graciela Gómez también defiende a otras familias que fueron víctimas de envenenamiento con estos tóxicos, como el caso de Julieta Sandoval, de Santiago del Estero, una beba que nació flácida, con hidrocefalia y múltiples malformaciones de cadera, piernas, brazos y dedos. Vivió siete meses y respiraba por una traqueotomía.

Las fumigaciones aéreas son el eje de discusión una vez más

Los problemas ambientales
En sí el tema ambiental en Mercedes nunca ha sido muy valorado, primando muchas veces los intereses económicos en este asunto, tomando por caso la contaminación que ejercen las industrias con denodados arrojos tóxicos al río Luján, los problemas estructurales de las redes cloacales y su cuestionada depuración, el tratamiento de los residuos urbanos con un basural a cielo abierto y la falta de control en otros sitios de disposición final, así como la falta de aptitud de quienes están a cargo de las áreas específicas en la comuna y de los que se pidió reiteradas veces en los últimos años su renuncia y que se llame a concurso para cubrir estos puestos por parte de gente apta.

Hoy la cuestión ambiental pone en el centro de los cuestionamientos al jefe comunal de Mercedes, y por la regulación de las fumigaciones se espera la intervención del gobernador Daniel Scioli. Mientras tanto, el negocio de los transgénicos sigue creciendo sin cesar en Mercedes y su zona, aunque se intentan mitigar los efectos de los agrotóxicos ante los comprobados problemas en la población. De esta manera, ciudades como Luján, Mercedes y San Antonio de Areco, cada una a su manera, crean legislaciones específicas en la materia.