De un tiempo a esta parte, en el Departamento Judicial Mercedes, sus organismos jurisdiccionales y administrativos están dispersos en el microcentro, al carecer de un conjunto edilicio que los contenga en una única fracción.

Repaso histórico
El Palacio tribunalicio de Mercedes data de junio de 1908, sin embargo veinte años después y al incrementarse organismos debió apelarse – como me lo relatara hace más de treinta años don Juan Crisóstomo Solveyra, jubilado judicial – al alquiler de inmuebles en calle 28 entre 25 y 27 (ex casa del Dr. Iriart) y en 29 y 26 (hoy municipal).

Pasados otros veinte años –mediados de los cuarenta– se construyó el pabellón intermedio (o el “entrepiso” en la jerga foral), el cerramiento de pasillos, parte de área para archivo, casa del mayordomo y alcaldía.

Y, por último, principios de los setenta surgieron el espacio para la delegación del Banco Provincia, ampliación del archivo y baños.

Paralelamente y con el incremento de juzgados en lo civil y comercial, el primero en abandonar el edificio central fue el Tribunal del Trabajo; y en los ochenta al crearse nuevos  juzgados civiles debieron tomar en alquiler dos pisos en el edificio contiguo al Colegio de la Misericordia, la administración en calle 24 y 22, la Sección Histórico Judicial en la Biblioteca Sarmiento, aunque todos ellos ya pasaron a la historia.

Actualmente son alquilados inmuebles en 25 casi 28; 28 entre 25 y 23; 25 entre 26 y 24; 19 entre 24 y 22; 24 entre 19 y 21; 23 entre 12 y 14; el ex Sanatorio sobre 30 entre 21 y 23, y 21 entre 30 y 32; 27 entre 20 y 18; 26 entre 27 y 25; edificio de 22 y 23; y otros dos en 30 entre 25 y 27.

La dispersión creciente
Hoy en día litigantes, procesados, profesionales, peritos, testigos, cobradores, etcétera, deben deambular de aquí para allá. Vemos personal judicial trasladando a pié expedientes a Fiscalías, Defensorías, juzgados y Cámaras, como también se observa el “paseo de aireación de personas con procesos y esposadas” y con sus custodias sobre calle 25 o esquivando las mesas de la confitería de calle 27 vereda este.

Desde el año 2010 viene hablándose de una mal llamada “ciudad judicial”, cuando en realidad debería denominárselo “Complejo Judicial”. Aunque para los más novatos en esta candente cuestión vale contarles que entre 1982/3 el arquitecto Juan Carlos Doratti a pedido del Colegio de Abogados que para entonces presidía el Dr. César M. Gradin, concibió la construcción de ampliaciones dentro de la misma manzana con la consiguiente expropiación. La iniciativa quedó latente a tal extremo que en 1986 y merced a la intervención del Ministro de Gobierno, Dr. Juan Antonio Portesi, se logró adquirir la ex semillería Badano (calle 26), casa de familia Cánepa (en calle 25) y la casa de la familia Iriart, sobre calle 28.

El propósito no alcanzó a materializarse. Regresemos al año 2010. En el último trimestre de 2010 la Suprema Corte de Justicia – con publicaciones mediante – invitó a propietarios de inmuebles que contaran con una superficie de unas tres hectáreas la posibilidad de ofrecerlos en venta. Tres interesados se presentaron y por distintas circunstancias fueron desechadas. Por aquellos mismos días el Intendente Municipal, señor Carlos Selva, ofreció gestionar la cesión ante el estado nacional de una fracción contigua al ex Martín Rodríguez en calle 1 y 2. Desconozco porqué no cuajó.
Retomado el interés, recién a principios de este año volvió a reflotarse. En algo de importancia todos concuerdan: Poder Judicial, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados y Asociación Judicial Bonaerense y es en cuanto a la necesaria construcción de un bloque edilicio para funcionamiento del Departamento Judicial, aunque resta determinar dónde localizar el Complejo Judicial.

Tamaño “intríngulis” está quitando el sueño, circunstancia preferible a la de quedarse dormidos, porque no sea cosa que –como se dice– existiría un gestionado crédito ante una entidad internacional que de no tomarse para Mercedes, su monto iría a parar al cubrimiento de otras prioridades edilicias ajenas a las de esta ciudad.

Repito: es preferible que quite el sueño a quedarse dormidos. El “quid” es seguir adelante, contribuyendo con ideas en pos de la meta.

No cualquier localización será bienvenida, de hecho ya ha habido un rechazo. Tampoco –por el apuro– vaya a terminar parando en un lugar de difícil acceso para los que a diario pululan haciendo o buscando justicia.

Sugerencias recientes
Además de las sugerencias institucionales que pudieran ofrecerse, también los particulares podrían hacerlo como lo han hecho convecinos y que últimamente han tomado estado público.

Luego del rechazo de los ofrecimientos en venta, el ex concejal Miguel Verón (además directivo de la AJB) sugirió se mirara como de posible uso los terrenos ferroviarios ubicados detrás del Hospital Dubarry, entendiendo que de establecerse allí el Complejo no generaría tantos problemas en la circulación vehicular (“El Nuevo Cronista”, 7/03/2011, p. 5)

También, el señor Mario Marcelino García, ex concejal (1973/6) y ex directivo de la AJB propuso establecer el Complejo en el predio que ocupa el Corralón municipal, el cual posee una superficie superior a 25.000 metros cuadrados (o sea dos hectáreas y media), inmueble cuyas construcciones carecen de valor arquitectónico (“El Oeste”, 30/03/2012. p. 3). Sólo que si tal inmueble resultara elegido el municipio debería salir en procura de otro predio para Corralón.

En tanto que la tercera propuesta y más reciente ha sido difundida por el concejal señor Juan Carlos Benítez y es con respecto a un inmueble fiscal sito sobre prolongación de calle 22 al este con una superficie considerable.

Impostergable edificio concentrador
El propósito concentrador es de importancia capital por varias y fundadas razones que abonan la necesidad de encarar la construcción del Complejo. En primer lugar para quienes se desenvuelven en el ámbito tribunalicio; el Poder Judicial ahorraría ingentes sumas mensuales que hoy en día abona en alquileres y casi siempre debe distraer recursos en la adecuación de espacios (divisorias para mesas de entradas, salas de trabajo, etcétera); dejarían de utilizarse inmuebles inapropiados; serían rescindidos los contratos por sistemas de alarmas y seguridad privada; profesionales, testigos, litigantes, no deambularían de aquí para allá, se evitaría que a personas detenidas las “pasearan” por el microcentro; se reduciría el estacionamiento vehicular, etcétera.

Reitero: que el tema del logro del Complejo Judicial siga quitando el sueño a los mercedinos y no sólo a las autoridades o entidades afines a la labor tribunalicia. Demostremos trabajar por Mercedes.

* Alejandro Francisco Molle es historiador y responsable del Archivo Histórico de Mercedes