Desde la Unión Mercedina de Inquilinos y en el marco del día del inquilino, celebrado este lunes 1 de octubre, solicitan el tratamiento del proyecto de ordenanza que presentaron al Legislativo de esta ciudad.

“El primer lunes de octubre ha sido designado como el Día Mundial del Inquilino, por esta razón nuestra organización, la Unión Mercedina de Inquilinos, en consonancia con otras entidades, venimos impulsando un proceso de organización de los inquilinos a nivel nacional y elevando nuestro reclamo a las autoridades públicas para que se lleven adelante políticas claras que reviertan la situación de desamparo en que por nuestra condición nos encontramos. Bajo la clara consigna de ver a la vivienda, no sólo como un bien de renta, sino como un bien con una función social, tal como lo estipula nuestra Constitución y los pactos internacionales que ésta suscribe, es que proponemos el proyecto de Registro de Inmuebles y Policía del Hábitat en consonancia con otras actividades y propuestas que están desarrollando diferentes asociaciones abocadas a la problemática, para conmemorar este día”, sostienen en la misiva dirigida al Presidente del Concejo, Marcelo Denápole, con la que encabezan el proyecto de ordenanza presentado, sobre el que afirman que “en ningún modo es excluyente de las modificaciones que en función de mejorarlo, puedan realizarse”, y por tal motivo, no incluyen el costo de certificación que figura en uno de sus artículos a los efectos de que se considere un monto pertinente.
                                              
La ordenanza que se pretende crear es el Registro de Inmuebles y Policía del Hábitat. En su fundamentación se destaca: “Periódicamente, observamos en los noticieros nacionales de radio y/o televisión casos de asentamientos ilegales, de viviendas ocupadas por personas que desesperadas no saben a quién recurrir, dando lugar al fenómeno de los okupas; vemos desalojos realizados contra toda lógica y en franco avasallamiento de los derechos más elementales de los ciudadanos; esta es una realidad que ya no nos es lejana, también hemos sido testigos de asentamientos en nuestra localidad, puesto que no encuentran eco a sus reclamos para obtener una vivienda digna; y se suelen construir viviendas sumamente precarias en terrenos propios o tomados, que no garantizan en absoluto la seguridad de sus habitantes”.

“Por otro lado, consideramos que es legítima la actividad de alquiler de inmuebles, tanto para uso de  vivienda familiar como comercial, pero que la misma debe ser reglamentada de tal manera, que ofrezca absoluta seguridad, en lo que se refiere al perfecto estado de las instalaciones eléctricas y servicios de gas, porque justamente han sido las conexiones clandestinas y con materiales inadecuados las que han producido infinidad de accidentes, que desembocaron en grandes incendios, con los resultados anteriormente mencionados. Es responsabilidad ineludible de quienes han sido electos por el pueblo, garantizar la seguridad y elevar la calidad de vida de nuestros vecinos, para que los mismos vivan en viviendas dignas, aunque las mismas sean arrendadas en calidad de alquiler”, se sostiene.

Mediante la ordenanza mencionada se busca crear en el ámbito del Partido de Mercedes, el “Registro General de Inmuebles destinados al alquiler, sean éstos de uso familiar, comercial e industrial, teniendo carácter de obligatorio, en toda la jurisdicción del ejido urbano, suburbano y rural”.

Asimismo, se marca que “será obligatoria la inscripción en el Registro General de Inmuebles, de aquellos propietarios que, de forma particular, desean realizar operaciones de alquiler, como asimismo todas las inmobiliarias o comercios que lleven adelante la celebración de contrato por sí o por encargo de terceros”.

“Al momento de la celebración del contrato de alquiler, el titular o la inmobiliaria autorizada a efectuarlo, deberá contar con un certificado en el que conste que las instalaciones de gas y eléctricas, cuenten con todas las medidas de seguridad y hayan sido realizadas con el material correspondiente; asimismo deberá constar en el certificado, que los espacios permitirán una eficiente tarea, en caso de tener que extinguir un siniestro”, se expone en el artículo 3, mientras que en el 4º del proyecto de ordenanza se dice que la constatación de que “el inmueble es apto y cuenta con las medidas de seguridad correspondientes, será extendida por personal de la empresa distribuidora de gas, personal de la EDEN o las Cooperativas Eléctricas que estén a cargo de la zona y bomberos, quienes al momento de realizar la inspección y en caso de no haber objeción, procederán a sellar el mismo”.

Lo que se pide es que se establezca el costo de la certificación “por contrato, depositándose en una cuenta especial, que a tal efecto habilitará el Departamento Ejecutivo Municipal, destinándose lo recaudado a cubrir necesidades urgentes de familias que eventualmente, sean víctimas de siniestros” y que se dé “amplia y permanente difusión a la presente norma, para conocimiento de la población”.