Fue presentado un proyecto para indemnizar a las víctimas de la explosión de Río Tercero. La iniciativa, que consiste en fijar una indemnización para las víctimas de las explosiones de 1995 en la fábrica militar situada en esa ciudad, es de la autoría del legislador nacional de origen mercedino Eduardo De Pedro, y reflota un proyecto impulsado en el 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que no llegó a ser tratado en el recinto, dominado en aquel año por la mayoría opositora aglutinada en el extinto Grupo A.

Agustín Rossi, De Pedro y otros diputados del Frente para la Victoria recibieron en el ex despacho de Néstor Kirchner a una delegación de la Comisión de Damnificados de Río Tercero, acompañados por Mario Ponce, el abogado en la causa abierta por las explosiones del 3 y el 24 de noviembre de 1995, que 17 años después aún no tiene responsables.

En el primero de los estallidos murieron 7 personas y otras miles resultaron heridas, muchas de gravedad, en tanto gran parte de Río Tercero quedó destruida.

La justicia, que con gran demora elevó la investigación por tercera vez a juicio oral, investiga el vínculo entre las explosiones y una maniobra para ocultar pruebas de la venta ilegal de armas de Argentina a Ecuador y Croacia, amparada entre 1991 y 1995 por el gobierno de Carlos Menem, a quien se le dictó falta de mérito, junto al ex jefe del Ejército, Martín Balza.

Según el proyecto de De Pedro, los herederos de los 7 fallecidos tendrán derecho a percibir una indemnización "equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, grado 0, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional".

De igual manera se estipulan indemnizaciones para quienes sufrieron lesiones gravísimas (que fija un monto un 30 por ciento menor a la anterior) y lesiones graves (un 40 por ciento menos).

También podrán obtener un resarcimiento quienes hubieran demandado al Estado nacional por la "reparación de daño moral y/o psíquico" como consecuencia de las explosiones.

Rossi destacó que el proyecto busca "reparar injusticias y situaciones preexistentes en las que el Estado estuvo claramente incurriendo en faltas graves".

Asimismo, remarcó que la "política de reparación" del Gobierno Nacional ha alcanzado, entre otras, a las víctimas de la AMIA y de la represión del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001.

De Pedro, por su parte, recordó que en el 2009 cuando la iniciativa fue presentada por la Presidenta, "proyectos como éste, que salda una deuda pendiente, no se podían sancionar porque el Grupo A tenía mayoría".

"Hoy nos toca a quienes formamos parte del bloque oficialista darle un nuevo impulso a esta justa medida", completó el diputado de Pedro.

En el acto también estuvieron presentes los diputados que acompañaron la iniciativa: Andrés Larroque, Fabián "Pipi" Francioni, Mónica Gutiérrez, Carmen Nebreda, Anabel Fernández Sagasti y Marcos Cleri.

Además asistió un grupo de damnificados en representación de todas las víctimas y Santiago Rodríguez, interventor de Fabricaciones Militares.

En tanto, el diputado por la provincia de Córdoba, "Pipi" Francioni, resaltó los "17 años para obtener este reconocimiento", que tuvieron que esperar las víctimas y agregó "que fue muy grande el dolor de muchas familias y vecinos que hoy no están".

También hicieron uso de la palabra las diputadas por Córdoba, Mónica Gutiérrez y Carmen Nebreda.

Oscar Gigena, uno de los damnificados presentes, expresó: "Estamos viviendo un recambio generacional encabezado por Santiago Rodríguez que se comprometió y cumplió con su palabra”, al tiempo que enfatizó que "estas soluciones se toman cuando hay decisión política".

Gigena sostuvo además que "la reparación integral comprende la reactivación de la empresa como fuente de trabajo, las viviendas construidas por el Estado Nacional y el nuevo impulso del proyecto, precisamente, en el despacho que era de Néstor”, a quien recordó con gran afecto.