Desde el Partido Socialista en el FAP de Mercedes, manifestaron su “apoyo y satisfacción por la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en la Legislatura provincial” y su rechazo a la “inexplicable actitud del Diputado nacional Francisco De Narváez, quien le pidió al gobernador que la vete, demostrando una vez más que no entiende cuáles son las necesidades reales de los bonaerenses y sólo mira al sector social al que pertenece”.
 
“En nuestra ciudad sufrimos un serio problema habitacional, donde cientos de familias no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a uno de los derechos humanos básicos como es una vivienda digna, y la aprobación de esta ley es un avance en esta lucha por generar mejores condiciones de vida de nuestros vecinos”, sostienen desde el PS y destacan que la postura tomada se basa en el accionar del Diputado Provincial del PS-FAP, ingeniero Ricardo Vago, quien acompañó con su voto la aprobación de esta ley,  que tiene como objetivo facilitar la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la Provincia y que prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales.
 
El Partido Socialista, a través del Diputado Provincial Ricardo Vago elaboró un documento donde manifiesta las razones por las cuales se acompaño el proyecto aprobado, el cual hace hincapié en primer lugar en la creación de un nuevo marco ideológico para la política de acceso al hábitat cuyos pilares son las familias con pobreza crítica y necesidades especiales, el derecho a participar en la planificación de la ciudad, la función social de la propiedad inmueble la regulación estatal del suelo y el fomento de la autogestión del hábitat vía cooperativismo. En segundo lugar, el proyecto hace foco en la necesidad de que el Estado implemente acciones tendientes a urbanizar e integrar el entramad socio-urbano a las villas y los asentamientos precarios como forma de solucionar progresivamente el déficit habitacional de las familias en estado de pobreza critica. En tercer lugar, establece una serie de instrumentos para gestionar la política del hábitat, entre los que se destacan el programa “Lotes con servicios”, el “Régimen de Integración socio urbano de villas y asentamientos” y los “Consorcios urbanísticos”. En cuarto lugar, establece un sistema de financiamiento a través del fondo público fiduciario “Sistema de financiamiento y asistencia técnica para la mejora del hábitat”. También contempla a través de diversas disposiciones un nuevo rol para el municipio en la política del hábitat, y entre esas disposiciones se destacan la creación de “Zonas de Promoción del hábitat Social”; derecho a participar en la valorización inmobiliaria, nuevas competencias para el aprovechamiento de terrenos baldíos y a su vez crea el “Consejo provincial de vivienda y hábitat” como órgano de asesoramiento en materia de Políticas de Hábitat.
 
“A título de conclusión preliminar, sostenemos que este proyecto de ley es de vital importancia para el pueblo de la provincia por cuatro motivos”, destacan desde el PS en el FAP Mercedes.
 
“En primer lugar, porque pretende saldar una deuda que la Provincia de Buenos Aires arrastra desde hace mucho tiempo a causa del progresivo y siempre creciente deterioro de las condiciones habitacionales, del incremento de las villas y asentamientos precarios que ha tenido lugar durante las ultimas tres décadas y por lo obsoleto que resulta el marco normativo vigente, sancionado por la ultima dictadura militar. Segundo, esta ley es el resultado de la militancia de muchas organizaciones civiles, sociales y políticas que desde hace años vienen trabajando sobre el tema con el fin de garantizar el acceso un hábitat ambientalmente sustentable, a una vivienda digna, a un terreno propio y a una infraestructura urbana preparada para brindar los servicios básicos. Tercero, estamos ante una ley que necesita de un amplio consenso político e institucional para alcanzar el status de Política de Estado. Cuarto y último, esta ley establece una serie de modificaciones que son innovadoras y que aportarán al Estado herramientas de gestión para implementar una política pública integral que garantice progresivamente el acceso a un hábitat digno”, completan.