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24/07/13
Robo a Agrale: defensores de uno de los detenidos que recuperó libertad señalan un error de la Fiscalía
Habría llegado tras hipótesis de investigación a partir del compromiso procesal de líneas telefónicas y radios. Se creyó haber hallado la conexión mercedina, pero no se logró pasar el umbral de la sospecha, según destacan abogados.




 

 

Con fecha 22 de julio de 2013 el Juzgado de Garantías nº 3 de Mercedes dispuso la libertad por falta de mérito de 6 personas de las 8 que permanecían detenidas en la causa en la que el Fiscal Juan Bidone, de la Fiscalía de causas complejas, investiga el robo a la empresa Agrale, no haciendo lugar al pedido de prisión preventiva.

La acusación se basó en lo que dio en llamar “compromiso procesal de las radios y celulares”, apoyado en las declaraciones de las víctimas que refirieron que los malvivientes habían utilizado líneas de Nextel para las comunicaciones.

Detalló el Fiscal que, en horas previas, al momento del hecho y posteriormente operaron en la ciudad de Mercedes, en el camino de ida y en el camino de vuelta, diferentes líneas de telefonía celular, realizando una amplia explicación de los números de radio, las zonas en que fueron utilizadas y la identidad de sus titulares.

El fallo consideró que con esto no se alcanza a acreditar más que eso: el uso de radios y celulares. Pero que sólo es posible llegar a la conclusión del Agente Fiscal invirtiendo el principio de inocencia con especulaciones y sospechas que se dan por ciertas, las que no solamente son equívocas por ser tales, sino que no dejan de ser eso: especulaciones y sospechas que no vinculan a los imputados en el hecho. En este contexto consideró el Juez de Garantías que no existieron pruebas para dictar la prisión preventiva, que hubiera significado mantener la privación de la libertad de esas personas por más tiempo (2 años es el plazo máximo que establece la ley, aunque suele extenderse).

Se dice en el fallo que la investigación no logró esclarecer la sospecha, descartando cualquier probabilidad de autoría y responsabilidad penal, ya que solamente hay probabilidad cuando la razón, apoyándose en motivos graves, tiene por verdadero un hecho, y aquí, precisamente, faltaron los motivos graves para tener por verdadero lo que se afirma.

De la investigación fiscal sólo puede decirse que las personas detenidas mantuvieron comunicación telefónica o radiofónica sin que su contenido se vincule al hecho, a diferencia de las dos personas que permanecen privadas de la libertad (conductores de los camiones con los que se transportó lo robado). A Luis Chacar, Roberto Parodi y Juan Suárez no les asignó el Fiscal ninguna acción delictiva. Tampoco se les secuestró elemento alguno de los utilizados para perpetrar el hecho o sustraído, ni se los situó en el lugar y momento del delito, ni se los vinculó en modo alguno con el ilícito, su preparación, ejecución o agotamiento.

Ninguna de las personas que recuperó la libertad posee antecedentes penales. A la vez que todas poseen un medio lícito de vida.

Trascendió que uno de los abogados defensores, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó copias de la causa para denunciar al doctor Bidone por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.

La defensa técnica de Luis Chacar, integrada por los doctores Pablo Marson y Alberto Chifolelle, comentó a este medio que no existieron en la investigación elementos concretos para vincular a su defendido al robo de Agrale, del que resulta inocente. En relación a Chacar estuvo detenido por más de 30 días, pasó serios inconvenientes de salud a raíz de la incapacidad del sistema para atender a personas que requieren cuidados, dietas, o atención médica constante; dado que sólo se atiende la emergencia; a la vez que conoció los calabozos de comisarías y de la cárcel. Se lo imputó porque una línea telefónica que se le atribuyó como propia, pero que no le pertenece, había operado en la zona de Mercedes el día del hecho. Según refirió Chacar, idéntica situación sufrió otra persona, que también se encuentra en libertad, cuyo teléfono había sido utilizado en la zona del hecho cuando vino a visitar a un pariente a Tomás Jofré. Entienden los abogados que las hipótesis de investigación a partir del compromiso procesal de líneas telefónicas y radios llevaron a un error a la Fiscalía que creyó haber hallado la conexión mercedina del robo, pero no logró pasar el umbral de la sospecha y encontró un obstáculo insalvable en el principio de inocencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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