Desde el Socialismo Mercedino y el MST como integrantes del Frente PODEMOS invitan a toda la ciudad de Mercedes a un cine debate que se realizará este jueves 5 de septiembre a las 19 horas en la Casa del Pueblo (de 35 entre 22 y 24) donde se  proyectará la película “La mayor estafa al Pueblo Argentino”, un documental que invita a recorrer la relación histórica de la Argentina con sus acreedores internacionales, su origen y la aplicación de dicho endeudamiento.

El documental también aborda el juicio histórico presentando a la justicia Argentina por el periodista Alejandro Olmos, convirtiéndose en un documento histórico sobre el origen, proceso y destino de los fondos del endeudamiento externo argentino. También muestra a los que estafaron sucesivamente a la República Argentina, cómo lo hicieron, y cuáles pueden ser las alternativas legales, políticas y económicas, para terminar con un flagelo que azota a la Argentina.

“Vemos la necesidad de debatir temas que están en la agenda política nacional debido a que no somos una isla, y que temas como el pago de la deuda externa nos tocan de lleno, porque somos parte de una provincia y una nación que se mantienen firmes a la hora de pagar sus deudas contraídas en su mayor parte de manera ilegal e ilegítima con organismos internacionales y con especuladores financieros como los fondos buitres, postergando la resolución de los problemas actuales y manteniendo la deuda con los sectores populares. También queremos sostener que formamos parte de un proyecto político que excede a nuestra ciudad y que como parte de ese gran colectivo de construcción política, estos temas no deben estar aislados de la realidad que como mercedinos nos toca vivir y que debemos debatir”, indicó al respecto José Luis Pisano, candidato de PODEMOS.

“La deuda externa debe ser investigada en su totalidad ya que como lo sentenció la Justicia, en la causa que inició Alejandro Olmos, la deuda externa es ilegítima y fraudulenta. Se constataron 477 delitos, pero no se sancionó a ningún responsable. Ningún acto jurídico pudo ni podrá sanear jamás ese origen ilegitimo, ya que el delito no debe rendir beneficios. En lo esencial, como parte de un régimen económico de hambre, entrega y saqueo de los recursos, la deuda externa fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura militar genocida que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983, y por lo tanto fue, es y será una deuda odiosa, ya que en el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional establece que los actos hechos por un usurpante del poder –como fue la dictadura militar– son nulos de nulidad absoluta.  A partir del fallo Olmos, el Congreso debió haber investigado la ilegitimidad de la deuda y hasta ahora no lo hizo. La Justicia no condenó a los responsables. Los sucesivos gobiernos desde 1983 renegociaron y pactaron la continuidad de una deuda sucia a espaldas del pueblo. Esto evidencia que los poderes del Estado están al servicio de un régimen de dominación, donde la deuda es el principal instrumento. Nosotros creemos que los delitos financieros no pueden quedar impunes. Desde hace años proponemos una Comisión Investigadora Independiente integrada por personas de intachable trayectoria y organizaciones populares, que investigue la estafa de la deuda externa y determine las responsabilidades de los funcionarios que en vez de defender el interés popular fueron funcionales al poder económico-financiero internacional, incluidos los fondos buitres. Y como en estos años ya se pagó o renegoció deuda ilegítima, exigimos también que se pongan en marcha mecanismos legales para recuperar el patrimonio público despojado y que los responsables asuman sus responsabilidades penales y civiles”, agregó Pisano.

“Por otro lado, la ciudadanía debe conocer las experiencias llevadas adelante en otros países, como es el caso del Ecuador, donde los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%... Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa. El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegoció entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento. La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución”, completó.

Escuchar noticia

ATENCIÓN: No se autoriza el uso de material publicado en este sitio a medios de comunicación comerciales de cualquier tipo, cuando este no sea solicitado con anterioridad al editor. Para pedirlo, envíe un mail o comuníquese por teléfono y aguarde respuesta.